María Jesús Montero. Gtres
España: de Estado de derecho a Estado del miedo
Estamos recogiendo testimonios desgarradores de ciudadanos perseguidos mediante el uso irregular de instrumentos como la Agencia Tributaria, empleada para amedrentar a rivales políticos o personales.
Perdonen la nota autobiográfica, pero, en aras de la transparencia, conviene aclarar que desde hace varios meses trabajo como asesor en España del despacho internacional Amsterdam & Partners.
Me atrajo de inmediato su valiente historial en la defensa de los Derechos Humanos en algunos de los lugares más peligrosos del mundo.
Su nueva misión era intrigante. ¿Qué conexión podía haber entre España y países como Rusia, Zimbabue, Guatemala, Georgia o Malasia?
Pasillos del segundo sótano del Ministerio de Hacienda español. Ministerio de Hacienda
Desde el golpe secesionista catalán de 2017, he dedicado parte de mi tiempo libre a defender la imagen de España en el extranjero (especialmente en el mundo anglosajón, donde resido desde hace más de dos décadas). Como miembro del Foro de Profesores, sentí la responsabilidad de explicar que España no es el país hostil, corrupto y autoritario que retrataba la propaganda independentista.
Esta narrativa, por desgracia, caló hondo entre corresponsales y analistas seducidos por el victimismo articulado por las terminales exteriores del nacionalismo catalán.
Me exasperaban, por ejemplo, las referencias manidas a la Inquisición o al franquismo al hablar de prácticas políticas o administrativas en España.
Me parecían exageradas, anacrónicas, superficiales, incluso ofensivas.
"La degradación institucional que estamos presenciando no tiene parangón en ninguna democracia conocida. Ni vecina, ni remota, ni pasada, ni presente"
Algunos meses después, sigo creyendo que la comparación es desacertada, aunque ahora por motivos opuestos. Entre los siglos XV y XVII, la Inquisición española fue uno de los tribunales más garantistas de Europa. No quemaba brujas como en Centroeuropa, y mantenía estándares de proporcionalidad y derecho a la defensa muy por encima de los de su época.
Hoy, sin embargo, creo que la degradación institucional que estamos presenciando no tiene parangón en ninguna democracia conocida. Ni vecina, ni remota, ni pasada, ni presente.
Estamos recogiendo testimonios desgarradores de ciudadanos perseguidos mediante el uso irregular de instrumentos como la Agencia Tributaria, empleada para amedrentar a rivales políticos o personales.
No hablo de millonarios, de personajes públicos, ni de evasores profesionales. Hablo de españoles corrientes atrapados en procesos kafkianos, lanzados por una administración degradada y vengativa. Una maquinaria que no cesa hasta asfixiar a sus víctimas, y que exhibe sus cadáveres civiles como trofeos ejemplares.
No se trata de una cuestión ideológica sobre modelos fiscales. Yo mismo soy un socialdemócrata, simpatizante del laborismo británico y miembro de un sindicato. Chris Wales, autor del informe Hacienda contra el pueblo que presentamos en Madrid sobre la Ley Beckham, fue responsable de Hacienda en los gobiernos de Gordon Brown y Tony Blair. Ambos quedamos estupefactos ante los casos flagrantes de corrupción (en ocasiones con tintes mafiosos) que estamos documentando en España en la primavera de 2025.
Veteranos de mil batallas, algunos de ellos incluso con experiencia en los calabozos de la Rusia de Putin, terminan emocionalmente exhaustos tras escuchar a ciudadanos cuyas vidas han sido destrozadas por un Estado que los trata como criminales.
"Hemos presenciado el llanto de personas humildes cuya reputación fue arrasada por las Listas Negras creadas por Montoro y perpetuadas por Montero"
Entre mil otras cosas, nos han hablado de indicios razonables de que en España se falsifican documentos en procesos judiciales sensibles para el Gobierno.
Hemos presenciado el llanto de personas humildes cuya reputación fue arrasada por las Listas Negras creadas por Montoro y perpetuadas por Montero, que tanto monta.
Estamos viendo prácticas que me obligan a cuestionarme seriamente si seguimos viviendo en una democracia. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder en España, pero hoy puedo atestiguar que los escándalos que copan las portadas no son hechos aislados.
Son síntomas de un ecosistema en crisis terminal. Un régimen en el que el poder político actúa con una visión patrimonial del Estado, invadiendo todos los resortes institucionales y combatiendo sin tregua a cualquier individuo, institución o contrapeso que frene su deriva autoritaria.
Desde que iniciamos esta labor, varias personas y empresas han sido amenazadas por hablar con nosotros. Pero quienes intentan amedrentarnos han elegido mal rival. No habrá fontanero que cierre este grifo.
Vamos a seguir adelante, con una lucha apartidista cuyo objetivo es devolver a los ciudadanos las riendas de una democracia secuestrada por quienes debían protegerla.
*** Carlos Conde Solares es asesor para España del despacho Amsterdam & Partners.
