El asalto al Poder Judicial no es una exageración, sino algo muy real

A mi juicio, el riesgo es real y se hace muy evidente y preocupante cuando se profundiza un poco en algunos datos. Sólo un poco. Basta con poner sobre la mesa algunos números y contrastarlos con los que reflejan otras parcelas de la Administración de Justicia en las que ese asalto ya se ha producido (¡y cómo!) para concluir que no se trata de ninguna fantasía.

Dolores Delgado y su sucesor, Álvaro García, en la toma de posesión de este último el pasado 5 de septiembre./ EP

No digo que la simple intuición no esté justificada sin necesidad del examen analítico que voy a llevar a cabo. De eso, hay demasiados indicios. Que quien nombra al fiscal general del Estado entienda que es un empleado más que está a sus órdenes es un síntoma muy relevante (recuérdese el "¿quién nombra al fiscal general del Estado, eh?, pues eso").

También lo es la sistemática oposición a cumplir los estándares europeos sobre Estado de derecho e independencia judicial para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. Negativa que apunta a que la intención es ahondar aún más en la dirección contraria.

Y no es un indicio pequeño que el PSOE firme un acuerdo con el partido liderado por un prófugo de la Justicia para perseguir a los jueces que le investigan en comisiones parlamentarias por supuesto lawfare. Como ya he dicho en otras ocasiones, aunque no se emprendiera esa persecución, la amenaza ya está lanzada. Y hasta se han propuesto dos comisiones de investigación que confirman la intención.

En eso se enmarca también la querella que el partido que lidera una de las vicepresidentas del Gobierno, Sumar, ha presentado contra los vocales del CGPJ por el tamaño delito de haber expresado una opinión que no le conviene. Una payasada.

Ya saben lo que le decía a su hijo la madre de Forrest Gump: tonto es el que hace tonterías. Pueden imaginarse lo que opino del que hace payasadas.

Pero es una payasada que quiere ser un aviso a navegantes, sin más objetivo que amedrentar, por mucho que la amenaza no vaya a ningún sitio. ¡Qué poco conoce esa gente a los que nos dedicamos a la Justicia por algo que les resulta incomprensible: la pura y simple convicción!

Aún así, insisto en volver a los datos y los números. Me fijaré sólo en el Tribunal Supremo.

"El absurdo argumento por el que se prohíbe al CGPJ realizar los nombramientos de las vacantes llama la atención por la poca seriedad de quien lo enuncia"

Dejando al margen al presidente y al vicepresidente, cuyas funciones jurisdiccionales son residuales y sus mandatos temporales, el Tribunal Supremo tiene un total de setenta y nueve magistrados, incluidos los presidentes de sus Salas, distribuidos en cinco Salas. Diez en la Sala Primera (civil), quince en la Sala Segunda (penal), treinta y tres en la Sala Tercera (contencioso-administrativa), trece en la Sala Cuarta (social) y ocho en la Sala Quinta (militar).

Como se sabe, el CGPJ tiene prohibido realizar los nombramientos de las vacantes que se están produciendo desde el año 2021. Uno de los argumentos para esta barbaridad es que el actual CGPJ no puede hacer los nombramientos porque son del "CGPJ siguiente".

El argumento llama la atención por lo absurdo y la poca seriedad de quien lo enuncia y de quienes lo aceptan. Si eso fuese así, los nombramientos de los próximos cinco años ya no corresponderían al "CGPJ siguiente", sino al ulterior y, sin embargo, va a ser "el siguiente" el que los asuma. Todos. Y aquí es donde los números resultan reveladores.

Actualmente hay veinticuatro plazas vacantes en el Tribunal Supremo, y en los próximos cinco años se van a producir veinticuatro vacantes más. Eso supone que, de renovarse en este momento el "CGPJ actual", el "CGPJ siguiente" renovará cuarenta y ocho vacantes. Esto es, más del 60% de los efectivos del Tribunal Supremo.

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Quiero decir que la cifra de vacantes puede ser (y será) superior. Bajas anticipadas (sólo en la Sala Primera he conocido hasta tres durante el mandato del actual CGPJ, y ya se ha anunciado otra que se producirá de manera inminente), enfermedades y fallecimientos, designación para otros cargos…

Eso dejaría la renovación de los miembros del Tribunal Supremo de los próximos cinco años en un porcentaje no inferior al 65%, dos tercios de sus efectivos.

Teniendo en cuenta que los magistrados se jubilan a los 72 años, una selección "adecuada" de la edad de los nombrados (por ejemplo, candidatos con 50 años) garantizaría que dos tercios del Tribunal Supremo quedarían congelados por 22 años. Toda una generación.

"El 85% de las promociones a la primera categoría de la Fiscalía se ha concentrado en una asociación que supone el 8% de la carrera fiscal"

Pero ¿eso en sí mismo supone un riesgo de asalto? Comparemos con lo que ha sucedido en otras áreas de la Administración de Justicia, como la Fiscalía General del Estado durante el mandato de la señora Dolores Delgado y el señor Álvaro García Ortiz.

Por los datos de los que dispongo, durante sus mandatos se han llevado a cabo diecisiete nombramientos que implican promoción a la primera categoría de la carrera fiscal, que es la que se corresponde con la de magistrado del Tribunal Supremo. De esos diecisiete nombramientos, catorce se corresponden con miembros o exmiembros de una asociación llamada Unión Progresista de Fiscales, o UPF por su acrónimo, de aparente tendencia izquierdista y bajo cuyo cobijo desarrollaron su carrera la señora Delgado y el señor García Ortiz.

La carrera fiscal cuenta con unos efectivos de 2.700 miembros. Los últimos datos de los que dispongo señalan que los afiliados de la UPF son (o eran) 240, aunque fuentes de la Fiscalía me indican que se ha producido un acusado descenso de sus miembros y que en la actualidad se situaría en unos 200.

Eso supone que el 85% de las promociones a la primera categoría de la Fiscalía se ha concentrado en una asociación profesional que apenas supone el 8% de los miembros en activo de la carrera fiscal.

Recuerdo a cierta asociación profesional de jueces que tampoco supera el 8% de los miembros de la Carrera Judicial y que recibió al primer gobierno del señor Sánchez con un tuit en el que decía que "apoya la conformación de un gobierno que sume las fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades".

Guardé una foto del tuit por si un día se borraba y se perdía semejante obra de arte para la posteridad. Al fichero lo llamé Elogio de la impudicia, óleo sobre tabla.

La falta de pudor que revelan esos datos es sobrecogedora. Recientemente, el Tribunal Supremo ha calificado la promoción a la primera categoría de la señora Delgado por el señor García Ortiz como una desviación de poder. Pese a lo contundente de la expresión (se ha utilizado un "poder" y se ha hecho de manera "desviada" para beneficiar por razones injustificadas), este contexto hace que la fórmula empleada por el Tribunal Supremo sea, en realidad, sumamente considerada y liviana.

El asalto al Tribunal Supremo, el asalto a la Justicia, es un riesgo real. Y el contexto añade el temor a que sea también un riesgo programado. Riesgo que sólo se puede conjurar sacando a la política y a los políticos de la Justicia, como reclama insistentemente la Unión Europea.

*** José María Macías Castaño es vocal del CGPJ.