La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
España, cocapital Barcelona
Los 20 millones de euros que el Gobierno invertirá en Barcelona para reconocer la “cocapitalidad cultural y científica” de la ciudad no son más que la enésima concesión del Gobierno a un nacionalismo cuyos vínculos con España se limitan a recibir gustoso el dinero del resto de los españoles.
Sucede con el dinero que cuanto más abultada es la cantidad, menos fácil resulta su comprensión por los humanos corrientes. Por eso, en vez de hablar de 20 millones de euros, hablaremos de dos veces la ayuda urgente que Pedro Sánchez prometió a los ciudadanos de La Palma para proporcionarles un cobijo que reemplazase a sus viviendas destruidas por la lava, y que aún no ha llegado a su destino.
Esta ha sido la cifra protagonista del raudo, explícito y rotundo real decreto aprobado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministros: 20.000.000 € en inversiones de concesión directa a las principales instituciones culturales y científicas de Barcelona.
La primera singularidad de la esplendidez presidencial es que la inyección de capital estaba ya prevista en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Pero ya se sabe que, cuando de dar garantías a los socios preferentes se trata, Sánchez siempre está dispuesto a proporcionar cinturón y tirantes.
La segunda es que las 37 entidades agraciadas son, todas ellas, de Barcelona.
En esta ocasión, la justificación esgrimida por el portavoz del maná presupuestario, el ministro barcelonés Miquel lceta, para explicar tanta precisión territorial ha sido hacer efectivo el reconocimiento de Barcelona (rescatado por el acuerdo entre su alcaldesa y el presidente, de febrero de 2020) como capital cultural y científica de España. En el decreto, el “Estado español”, que lo generoso no quita lo oriolmente correcto.
Eso sí, capital cultural y científica de España “junto con Madrid”. O sea, que Madrid comparte el título, aunque no el dinero.
"Es sabido que en Cataluña lo de 'institución autónoma' es, más que un oxímoron, un imposible ontológico en sí mismo considerado"
Se dice que las actuaciones serán ejecutadas directamente por el Ayuntamiento de Barcelona, además de por otras instituciones, públicas o privadas que, con toda seguridad, estarán controladas por el Ayuntamiento o la Generalitat, pues es sabido que en Cataluña lo de “institución autónoma” es, más que un oxímoron, un imposible ontológico en sí mismo considerado.
Dice Ada Colau que Barcelona “se ha ganado a pulso” la cocapitalidad de España. Esto lo dice el paraguas institucional de todos los afanes por destruirla, la efigie silente ante las quemas secesionistas de calles y la abogada impenitente de la muchachada más violenta y totalitaria del independentismo.
Obviamente, en descargo de la buena de Colau debemos entender que se ha tratado de un mal uso del español o, más concretamente, de sus artículos: la señora alcaldesa no se refería a la capital de España, sino al capital, y su reivindicación está más que justificada si por justo merecimiento se entiende el chantaje parlamentario.
En el comunicado de la Moncloa se habla de “favorecer la comunicación e integración” entre Madrid y Barcelona. Naturalmente, y como ya se ha dicho, este intercambio entre ambas ciudades debe entenderse limitado a las experiencias, que no al dinero. Este último no se intercambia. Todo él queda en Barcelona.
"La idea ha tenido una ejecución muy singular, porque ya sabemos que lo único de común con Madrid será la procedencia del dinero"
Según se explica, la finalidad del riego exclusivo de Barcelona con dinero de Logroño, Palencia y resto de municipios ajenos al trasvase es “el fomento de las actividades culturales y científicas de determinadas entidades públicas y privadas para hacer efectiva la cocapitalidad de la ciudad catalana”.
Sobre el papel, una bella idea, porque en su literalidad parece querer hacer partícipe a Barcelona de la condición de sede simbólica de España: Barcelona y Madrid como ventanas al mundo de una España unida, rebosante de fe en un futuro común de progreso y modernidad, y decidida a dejar definitivamente atrás el atávico y aldeano separatismo de una minoría social enferma y manipulada por una mafia política corrupta.
Un propósito así brindaría mil posibilidades de ejecución. Puestos a imaginar, pensemos en un préstamo recíproco de obra entre la Fundación Picasso de Barcelona y el Reina Sofía de Madrid para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del pintor, o entre el Thyssen-Bornemisza y la Fundación Antoni Tàpies para la celebración del centenario del nacimiento de este.
O en un proyecto común entre la red de Bibliotecas Municipales de Madrid y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona para conmemorar los aniversarios de Carmen Laforet y Montserrat Roig. O entre el Liceo de Barcelona y el Teatro Real para oír a Mompou en la Plaza de Oriente y a Halffter en La Rambla.
Pero esta idea ha tenido una ejecución muy singular, porque ya sabemos que lo único de común con Madrid será la procedencia del dinero. Así, el millón y medio de euros destinados al aniversario de Picasso no irán más allá de las paredes de su Fundación en la Ciudad Condal, lo mismo que los 650.000€ de Antonio Tàpies, los 50.000 de Laforet o los 30.000 de Monserrat Roig.
Se entiende que toda discriminación exige una coartada para suavizar su injusticia, pero qué menos que reconocer a los discriminados su derecho a que la coartada empleada no sea una burla indecente.
*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.
