Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo.

Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo. EFE

EL LISTO DE LA SEMANA

Grande-Marlaska: el ministro del Interior con soluciones complejas para problemas sencillos

El ministro del Interior Grande-Marlaska se ha situado por segunda vez en pocas semanas en el centro de una polémica a raíz de la crisis de criminalidad en Barcelona. 

25 agosto, 2019 02:38

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones, abomina de las "soluciones simples". Como la que ha propuesto el PP para atajar la crisis de criminalidad que azota la ciudad de Barcelona y que consiste en enviar efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a la ciudad para ejecutar el trabajo que las autoridades locales y regionales catalanas han demostrado ser incapaces, o no tener la voluntad, de hacer. ¿Policías contra criminales? ¡Bah! "Un simplismo", debe de pensar Grande-Marlaska, ese Sun Tzu de la lucha contra la delincuencia.

El remedio de Grande-Marlaska, complejo cual ecuación de la teoría de cuerdas heteróticas, consiste en cambiarse la cartera de bolsillo: del trasero al delantero. Y problema solucionado. Robos con violencia, agresiones sexuales, okupaciones, top manta, narkopisos, chabolismo en pleno centro de la ciudad, peleas callejeras, MENA sin control, homicidios de diplomáticos extranjeros y crímenes a machetazo limpio resueltos de un plumazo y con el simple gesto de cambiarse de bolsillo la cartera. 

De cambiarse de bolsillo la cartera en la Gran Vía de Madrid, que ese es el segundo rasgo de complejidad del remedio esgrimido por Grande-Marlaska para la delincuencia barcelonesa. Una variante del viejo aforismo que todos los lectores de EL ESPAÑOL conocerán: "El aleteo de una cartera que cambia de bolsillo en Madrid puede provocar un huracán de orden, civismo y respeto a la ley en Barcelona".

Tranquiliza también sobremanera que todo un ministro del Interior responda a una pregunta sobre la criminalidad en Barcelona argumentando que hasta él, un alto cargo del Gobierno protegido por no menos de media docena de escoltas, debe vigilarse la cartera en pleno centro de la capital del país de cuyo Consejo de Ministros forma parte. "¿Se me quejan ustedes de la criminalidad en Barcelona? ¡Pero si en Madrid estamos igual!" es, exactamente, la respuesta que uno espera oír de un ministro del Interior cuya principal, por no decir única responsabilidad, es garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles

En realidad, el ministro sólo intentaba disculpar a los nacionalistas catalanes (pues no otra cosa son los comunes de Ada Colau y los socialistas del PSC) equiparándolos de forma falaz a los responsables de la seguridad en Madrid, es decir a PP y Ciudadanos.

Y digo falaz por tres razones. En primer lugar, porque la tasa de criminalidad de Barcelona es muy superior a la de Madrid. En segundo lugar, porque de existir una inseguridad en Madrid superior a la de las ciudades europeas de su mismo tamaño y relevancia, esa sería más bien achacable a la administración de Manuela Carmena, y no a aquellos que apenas llevan un mes al cargo de la administración local.

Y en tercer lugar, porque la excusa de Grande-Marlaska no es más que un reflejo del tradicional síndrome de Estocolmo del socialismo español con respecto al nacionalismo catalán. Un síndrome de Estocolmo que lleva a los socialistas españoles a maquillar, disculpar y blanquear la lamentable gestión, no ya de la crisis de criminalidad de Barcelona, sino de cualquier otro tipo de materia de orden público llevada a cabo por las autoridades nacionalistas catalanas. Cataluña, ya saben, es un oasis, siempre lo ha sido y siempre lo será. Al menos, en la mente del PSOE.

Quizá lo que ocurre en realidad es que los barceloneses nos quejamos de vicio. O que nos desconcentramos cuando nos embobamos frente al mantero de turno, que es la teoría esgrimida por el consejero del Interior del Gobierno autonómico catalán Miquel Buch avalada por Grande-Marlaska con su ejemplo de la cartera. 

El asunto, en cualquier caso, está según Grande-Marlaska en trance de solución ahora que el responsable de la seguridad en la ciudad, frente al desentendimiento de una Ada Colau que sigue negando la crisis, es alguien que llegó al cargo tras formar parte de las listas del PSC al Ayuntamiento en las pasadas elecciones municipales. Es decir Albert Batlle, actual teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona.

"No haré milagros, pero en un año habrá resultados" dijo Batlle al poco de tomar posesión de su cargo. Lo que no dijo es en qué sentido. Durante este verano, la criminalidad no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado en Barcelona.

En algo sí acertó sin embargo el teniente de alcalde de Seguridad. "Hay una sensación de cierta impunidad ejecutiva a la hora de dictar sentencias respecto a determinados comportamientos y una necesidad de ajuste legislativo" dijo Batlle en una entrevista para La Vanguardia. Ajuste legislativo que ha sido repetidamente despreciado por su partido nodriza, el PSOE, con el descalificativo de "populismo penal".

El mismo Grande-Marlaska rechazó de facto ese ajuste que pide Batlle cuando dijo que las reformas penales no deben hacerse "en caliente". "Los robos violentos tienen una pena importante en el artículo 142 del Código Penal y los jueces cuando hay violencia e intimidación grave en robo, es habitual que dicten prisión provisional" dijo el ministro del Interior. Batlle había afirmado pocos días antes que los delincuentes salen de los juzgados a la misma velocidad a la que entran. Quizá ambos deberían mantener un careo porque es obvio que uno de los dos tergiversa la realidad

No sabía yo, en fin, que tengo madera de ministro del Interior. Toda la vida cambiándome la cartera del bolsillo trasero al delantero cuando circulo por barrios poco recomendables (ante la evidencia de que mi culo parece ser menos sensible que mis ingles) y resulta que lo que ocurre es que razono, analizo e infiero soluciones complejas como todo un ministro del Interior. Denme un minuto, que voy a hincharme como un pavo antes de pedir que me pongan al mando de 78.000 guardias civiles y 65.000 policías nacionales.

Óscar Camps junto a Ada Colau

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