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LA TRIBUNA

Ceses por descabalgamiento

El autor reflexiona sobre las destituciones del abogado del Estado Edmundo Bal y del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, que interpreta como un exceso y un aviso a navegantes del poder.

En las grandes corporaciones, a las destituciones como las del abogado del Estado Edmundo Bal y el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, se les llama "cese por descabalgamiento", jugada típica del ajedrez para eliminar a aquellos que pueden suponer un riesgo por ir por libres.

El reciente fichaje, por parte de Ciudadanos, de Edmundo Bal, onubense, para engrosar su lista al Congreso por Madrid, reverdece el cese por descabalgamiento del que fue objeto, como consecuencia de haber sido purgado por el Gobierno.  

Jefe del Departamento Penal de la Abogacía General del Estado –donde dirigió el ejercicio de la acción penal, en nombre de la Administración General del Estado, hasta 2018– fue destituido por el Ministerio de Justicia, por “pérdida de confianza” del Gobierno. “Me dijeron que me cesaban por no firmar el escrito de acusación”.

Fue responsable de acusaciones en causas como la de la Gürtel. En su petición de condena, manifestó: “Esta sentencia tiene que servir para que el empresario español que se encuentre en la tentación de sobornar a un cargo público o colaborar en un delito fiscal diga: 'Jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le ha caído a estas personas'”. 

Había mostrado su disconformidad a acusar a los líderes independentistas de un delito de sedición y no de rebelión –en la línea de la Fiscalía–, como se había mantenido en toda la instrucción de la causa. “Me cesaron porque me pidieron que mintiera y me negué”.

Tras su purga, Bal solicitó quedarse en el Departamento Penal de la Abogacía del Estado. Su petición fue denegada

El choque de criterios se hizo patente en la presentación del escrito de acusación de la causa del procés, de la Abogacía del Estado, el 2 de noviembre, tres semanas antes de que, finalmente, Bal fuera cesado. En ese escrito, según sus palabras, se vio obligado a omitir algunas pruebas por orden de la abogada del Estado. “Cuando tú has visto unos hechos, que el juez también ha visto en la instrucción, y te dicen que no puedes ponerlos en el escrito de acusación, que pases por encima de ellos... yo obedezco, pero ese escrito ya no es mío”.

Tras su purga, Bal solicitó quedarse en el Departamento Penal de la Abogacía del Estado, aun sin ser jefe. Su petición fue denegada.

Fue sustituido por Rosa María Seoane, la abogada del Estado que está ejerciendo la acusación en el juicio del Supremo, donde está haciendo un papel modesto, oscurecido por los cuatro fiscales del Ministerio Público.

En el caso del coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí (Valladolid, 1963), fue la “pérdida de confianza operativa” lo que llevó a la revocación de su destino al frente de la UCO, donde había ocupado su Jefatura entre 2015 y 2018. 

El Ministerio consideró que había puesto en peligro operaciones en curso, al ordenar la suspensión de actividades relacionadas con dichas operaciones “sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales”.

En su anuncio, a través de un mail enviado a la unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue la corrupción y el crimen organizado, Sánchez Corbí justificaba la “imposibilidad de hacer frente a actividades que requieran obligatoriamente el uso de fondos reservados”. 

Corbí, uno de los mandos de la Guardia Civil más condecorados, lideró la investigación en casos de corrupción 

Interior vio un órdago en esta filtración, derivada de la inmarcesible lucha de poderes que mantienen la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y la instancia superior le cesó de forma fulminante.

Hijo y nieto de guardia civil, a favor de mantener la naturaleza militar de la institución, con treinta años en el Cuerpo, de los cuales veinticinco destinado en la lucha antiterrorista, y un tiempo coordinando labores de información en Francia.

Condecorado con el mayor galardón que otorga el Estado francés (instaurado por Napoleón Bonaparte), la Legión de Honor, tuvo, entre otros muchos cometidos que forman parte del secreto militar, un papel decisivo (siendo joven capitán) en la liberación de Ortega Lara

Su libro, Historia de un desafío: cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA, desgrana su papel protagonista en la magna tarea, lo que le acarreó problemas judiciales, con pena de cárcel, por torturas a un etarra, de la que fue indultado.

En relación con el conflicto catalán, el coronel Sánchez Corbí señaló que “gracias a los vídeos que esta gente, muy ufanos, colgaron en las redes, todos los que escracharon, tiraron piedras, tiraron sillas... están siendo llamados por la justicia y ahora la Guardia Civil puede ir puerta por puerta”.

En su despedida, Manolo Corbí, uno de los mandos de la Guardia Civil más condecorados, que lideró la investigación de casos de corrupción relacionados con el Partido Popular (Púnica, Taula, Lezo, Acuamed) y el uso de subvenciones de formación gestionados por UGT en Asturias, fue lacónico y expresivo a la vez: “La vida sigue, para todos. Nos seguiremos viendo”.

Los ceses de Bal y de Corbí son un claro mensaje: el que se sale de la ortodoxia, paga su atrevimiento

La incomodidad que producía un maverick con autonomía y mando en plaza, la necesidad de revisar previamente en qué se había gastado el dinero durante la etapa del PP, el aviso a quienes pudieran tener la tentación, en el futuro, de desafiar a los responsables políticos del ministerio, sirvieron como burladero para explicar el cese, con el celofán de la “pérdida de confianza operativa”. 

En cualquier caso, los satisfechos con el descabalgamiento apuntan que al ser la Guardia Civil un cuerpo de carácter militar, la primera obligación de sus miembros es la obediencia debida y la disciplina. Aquí se acaban las explicaciones. Pero el coronel, que ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior por su destitución, no ha dicho su última palabra.

No resultó ser un investigador cómodo para el gobierno del PP, que tras considerar su cese lo descartó, asumiendo que la opinión pública no habría entendido el relevo del máximo responsable de sus propios casos de corrupción. Tampoco fue plato de gusto para los nacionalistas vascos que siempre vieron con buenos ojos su destitución.  

En el intervalo de cien días, se produjeron ambos descabalgamientos, de puestos estratégicos de la Administración del Estado, actores en posiciones clave, alegando “pérdida de confianza”, que es el argumento esgrimido por sus inmediatos superiores, lo que no deja de ser un tornadizo efugio.

Los ceses por descabalgamiento de Bal y Corbí son un claro mensaje de sospecha hacia el temido que se sale de la ortodoxia y paga su atrevimiento con el cese.

*** Luis Sánchez-Merlo es abogado y economista, y fue secretario general de Moncloa durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

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