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. Efe

LA TRIBUNA

Primeras vísperas del juicio al 'procés'

(Según la RAE, víspera es cosa que antecede a otra, y en cierto modo la ocasiona).

A punto de iniciarse el juicio que sentará en el banquillo a doce responsables del intento fallido de fracturar el Estado español en la segunda mitad del 2017, los protagonistas no fugados y sus respectivas compañías van calentando los motores. Señal inequívoca de que se acerca el momento de la verdad.

Son esas horas en vísperas de la importante liturgia del proceso, que ya no dan cuartel ni reposo a las partes inmersas en él, pues se trata de uno de los procesos más decisivos de la democracia restaurada.

La campaña nacionalista se apoya, con habilidad propagandística y poco rigor, en sencillos eslóganes, como el de la pancarta, sin firma, que se exhibió en el último partido de la Copa del Rey en el Camp Nou: “Solo las dictaduras encarcelan a pacíficos líderes políticos”. O como la reivindicación de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), que llamó a acompañar a los presos en el trayecto Barcelona-Madrid, bajo la proclama de que “la autodeterminación es un derecho y no un delito”.

Vísperas cargadas de tensión para los presos, sus familias y conmilitones y para los grupos nacionalistas, que buscan volver al centro de la atención con una representación prolongada y crepitante. Tiempo de llamar la atención de los medios sobre la inminente apertura del juicio en el Tribunal  Supremo.

La principal impugnación de los procesados es que tanto la instrucción del proceso como las calificaciones de acusaciones y fiscales no son más que un montaje para desactivar la legítima demanda del independentismo catalán: la autodeterminación. Ni una mención a la legalidad o ilegalidad de las acciones que han determinado el procesamiento. Todo vale cuando el objetivo es legítimo.

Se juzga a quienes después de proclamar la independencia han decidido, al parecer, seguir adelante con su empeño

El principal representante del Estado en Cataluña, para quien “los presos marcharán como prisioneros del Estado español a Madrid", no admite más que una sentencia absolutoria. Y ya advirtió de su intención, en caso contrario, de poner en libertad a los condenados a los que, según él, se juzgará "por cumplir un mandato democrático".

El actor quizá más destacado de los enjuiciados, ex vicepresidente de la Generalitat y artífice fundamental del mismo, que se quedó en Cataluña “por responsabilidad hacia sus conciudadanos” y se retractó, según la prensa, de la vía unilateral (tal vez en aras de conseguir un trato penitenciario más benigno), después ha rectificado y reiterado su propósito de seguir en la vía unilateral.

El responsable del orden público que estaba al mando de los Mossos cuando tuvieron lugar los hechos que se van a juzgar, anunció su retirada de la política y se ha postulado como candidato de una opción independentista al ayuntamiento de Barcelona.

Las defensas lo han intentado casi todo en estas vísperas tensas: la internacionalización del juicio que pretenden conseguir con la presencia de observadores significados en la Sala, la traducción simultánea al catalán de la totalidad de las sesiones (habrá dos traductores), el retraso del comienzo de la vista oral (se ha atrasado una semana el arranque) y otras incidencias bien aireadas en los medios han salpicado el final de la instrucción y la fase previa a la apertura de la vista oral ya señalada para el 12 de febrero.

Según las normas procesales, las alegaciones y las pruebas a practicar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, corresponden propiamente a las partes: acusación (el Ministerio Fiscal es fundamental) y defensas. El Tribunal, que decide sobre la admisión y pertinencia de las pruebas, declarará en la sentencia los hechos probados, que serán el núcleo de la misma, pues en ellos se basará la decisión

Son vísperas de sesiones interminables, de pequeñas victorias e insospechadas sorpresas, que nos depararán todos los ingredientes usuales en este tipo de pugnas, esta vez entre los defensores del Estado de Derecho y quienes después de proclamar la independencia de la república catalana, han decidido, al parecer, seguir adelante con su empeño.

El CGPJ va a servir la señal y, a través del 'streaming', se podrá ver el juicio en directo en cualquier parte del mundo

No van a escatimar recursos, argumentos ni ardides procesales para transmitir al mundo la legitimidad de su anhelo. Tampoco los defensores de la legalidad van a ahorrar en medios. Pero, sin obviar el posible debate sobre la legitimidad, el proceso trata de dilucidar la legalidad de unas acciones.

No tenemos noticia de que en la historia española se hayan reunido antes tantos medios al servicio de la Administración de Justicia. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a servir la señal de un juicio directamente a través de su portal, de manera que a través del streaming se podrá ver el juicio en directo en cualquier parte del mundo. Hay ya acreditados 600 periodistas de 150 medios de comunicación, pendientes de lo que suceda dentro y fuera del Supremo.

Este es un partido largo, para jugadores avezados que dominen los recovecos del proceso y que será preciso jugar con nervios de acero, paciencia franciscana y con mucha contención. Y desde luego, en buena condición física.

Lo que no cabe esperar son resultados definitivos. Las vísperas están poniendo encima de la mesa cartas que auguran una disputa áspera y enconada. Y todo indica que durante el juicio las partes van a estar muy pendientes de cualquier descamino que se pudiera producir, sobre todo en la parte nuclear del juicio, las pruebas sobre la existencia de hechos constitutivos de rebelión, sedición o desobediencia.

Aquí reside el nudo gordiano del proceso. Y la consistencia de las pruebas determinará la mayor o menor fortaleza de la sentencia, sometida al posible criterio de otra instancia judicial, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

De ahí que estas vísperas podrían ser antesala de otras y, en cierto modo, podrían ocasionarla.

*** Luis Sánchez-Merlo es abogado y economista, y fue secretario general de Moncloa durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

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