PSOE y Sumar han admitido a trámite, en la Mesa de la Comisión de Educación, una reforma de la 'ley de nietos' dentro de una segunda ley sobre ratios, jornada lectiva y condiciones docentes.
No es un error. Ese ha sido el procedimiento elegido por el Gobierno: blindar la 'ley de nietos' utilizando para ello una norma educativa sin relación alguna con el censo electoral, la Ley de Memoria Democrática o el voto exterior.
Lo hace, además, el mismo mes en que el Tribunal Supremo ha congelado los efectos electorales de esa 'ley de nietos', lo que desmonta por completo el argumento del Gobierno de la "reparación histórica".
Lo que busca el Gobierno, ante la insuficiencia de votos nacionales que le vaticinan todos los sondeos, es fabricarse otro censo electoral. Uno a medida.
Como el PSOE no tiene suficientes votos en España, los fabrica en el extranjero.
Y los fabrica mediante trampas jurídicas.
Los letrados del Congreso han dictaminado que la enmienda de Sumar es "incongruente con el objeto y la finalidad" del texto educativo; que no existe "el mínimo punto de conexión material" entre ambas materias; y que ignorar la doctrina del Constitucional sobre la homogeneidad de las enmiendas puede lesionar el artículo 23 de la Constitución.
El informe, sin embargo, no es vinculante.
Y precisamente por eso la decisión adoptada por el Gobierno este miércoles es elocuente y lo dice todo sobre el verdadero objetivo de Pedro Sánchez: alterar el resultado de las próximas elecciones generales.
Porque el Gobierno podría haber hecho caso a sus servicios jurídicos. Pero no lo ha hecho, a pesar de la flagrante ilegalidad de la artimaña.
De hecho, la pieza que ahora quiere blindar el Ejecutivo ni siquiera nació en las Cortes. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática abrió la opción a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.
Eso es lo que votó el Parlamento español.
Seis días después de su entrada en vigor, la instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, introdujo una presunción distinta: se consideraría exiliado a todo español que hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esa presunción es la trampa. El hecho es que una funcionaria estrechamente vinculada con el PSOE alteró por su cuenta y riesgo la literalidad de una ley votada por los representantes de la soberanía popular en beneficio de los intereses, hoy sabemos que oscuros, de Pedro Sánchez.
La enmienda de Sumar no corrige nada: copia la instrucción de Sofía Puente y la eleva a rango de ley para sortear la suspensión dictada por la Justicia.
Si la instrucción fuera fiel a lo aprobado por el Parlamento, la reforma sobraría. Así que, si hace falta la reforma, es que la instrucción es ilegal.
Esto es, lisa y llanamente, una falsificación del censo electoral. Porque no todos los emigrantes fueron exiliados. La emigración a América por trabajo, por familia o por miseria forma parte de la historia de España y no supone, por sí sola, persecución política.
Convertir esa evidencia en presunción legal es oficializar una mentira para producir ciudadanos nacionales a golpe de BOE y, con ello, electores. Electores para el PSOE, como ha quedado demostrado en las tres últimas elecciones autonómicas celebradas en España, donde el PP ha ganado el voto nacional y el PSOE el voto CERA.
Ese no era el propósito de la norma. El propósito era resarcir a quienes huyeron de la violencia y de la dictadura, no fabricar un derecho de sufragio para todos los descendientes de la emigración.
La gravedad extrema está también en el momento. El asunto está sub iudice. A principios de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (la Sala Tercera), apreciando un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y la transparencia de las elecciones generales, suspendió los efectos electorales de las altas ligadas a la vía extensiva de Sofía Puente, salvo para quien acredite el exilio por persecución política de forma fehaciente.
Y ahora, para esquivar dicha suspensión, Sánchez ha ordenado a sus socios de Sumar presentar una reforma que deje sin objeto esas medidas cautelares.
El Ejecutivo demuestra así que no quiere esperar a la decisión de la justicia. Quiere desactivarla ya, a toda prisa. Con total seguridad, porque cuenta con los votos de esos "exiliados" para darle la vuelta a las elecciones a su favor. Que llame "residentes ausentes" a quienes nunca jamás han residido en España sólo añade motivos para la perplejidad.
Las cifras oficiales de 31 de agosto demuestran que el ajuste no es menor. Ese día había 1.317.108 solicitudes presenciales en consulados; 600.684 expedientes aprobados; 369.017 inscripciones ya practicadas en el registro que alimenta el Censo de Residentes Ausentes.
Cientos de miles de peticiones siguen pendientes.
Nadie puede anticipar el sentido de ese voto, eso es cierto. Pero tampoco hace falta. En una democracia liberal, la confianza en el censo electoral es uno de los bienes más preciados. Un defecto de forma que altere un solo escaño, en cualquier sentido, ensucia todo el proceso y permite sospechar del resultado global.
La pregunta es ¿qué queda de la limpieza electoral si unas elecciones generales reñidas se deciden por un voto CERA hinchado por una instrucción que el Supremo acaba de poner en cuarentena y a la que el Gobierno ha dado nueva vida mediante una reforma flagrantemente ilegítima?
No es el pucherazo de la urna llena de votos falsos. Un pucherazo al que el PSOE de Pedro Sánchez, por cierto, no es ajeno.
Es su versión contemporánea: decidir a placer quién entra en el censo y con qué reglas. Es lo mismo que hace el CIS para alterar los resultados de sus sondeos. No los manipula directamente: escoge cuidadosamente a quienes son encuestados para que los votantes del PSOE estén sobrerrepresentados en el total.
Quien quiere memoria, tramita memoria. Quien quiere nacionalidad, presenta una ley de nacionalidad.
Quien cuela lo segundo en lo primero, y lo hace sub iudice, no está "reparando" a los descendientes de los exiliados. Está fabricando electores.
Es decir, amañando a plena luz del día, frente a la cara estupefacta de los españoles, unas elecciones democráticas.