Ceuta está al límite.
En poco más de una semana han entrado más de mil quinientos emigrantes, a un ritmo superior a doscientas personas diarias. Más de un millar lo han hecho a nado en sólo nueve días.
Los centros de menores tutelados han pasado de 210 a 472 en dos semanas: una sobreocupación del 1.600%.
El CETI alberga 652 personas y más de trescientos esperan fuera, bajo mantas.
En los últimos doce meses se han recuperado sesenta cadáveres del mar.
Mientras las llegadas irregulares caen un 25% en el conjunto de España, en Ceuta se disparan un 149%. La ciudad se está acercando peligrosamente a las cifras astronómicas de mayo de 2021.
La causa inmediata no es sólo la meteorología ni la pasividad marroquí. Es la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, dictada el pasado 29 de junio. El alto tribunal estableció en ella que el rechazo en frontera sólo cabe cuando se superan elementos físicos de contención, como las vallas. Y quien llega a nado, según el Supremo, no los supera.
Por tanto, debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución, con todas sus garantías y dilaciones.
La interpretación del Supremo es jurídicamente defendible. Sus consecuencias, no. Al eliminar el efecto disuasorio de la devolución inmediata, la sentencia ha cambiado los incentivos. Y las que mejor lo han entendido son las mafias, que ahora facilitan chalecos y empujan a los migrantes hacia el agua, aunque la mayoría de estos no sepan nadar.
El resultado es un flujo constante que satura una ciudad de 85.000 habitantes y desborda todos sus recursos. Una decisión judicial puede ser correcta en el papel y desastrosa en la práctica.
Exigir una valla física en el mar para recuperar la herramienta de control es un absurdo operativo. El mar es una frontera natural. Pretender que sólo existe una frontera cuando se instala un obstáculo artificial convierte la defensa del territorio en un ejercicio de ingeniería imposible. El Estado no puede gobernar con formalismos que la realidad desmiente cada noche.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido un mando único. No es una ocurrencia. Es una demanda razonable de coordinación cuando intervienen frontera, seguridad, acogida, menores, recursos financieros y la relación diplomática con Marruecos.
Hay precedentes claros para la petición de Vivas. En la crisis de los cayucos de Canarias de 2006, la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega asumió de facto esa coordinación: reunió ministerios, impulsó repatriaciones, refuerzos navales y ofensiva diplomática. Y nadie la acusó de autoritarismo.
En 2024 el propio Gobierno creó una Comisión Interministerial de Inmigración, presentada como mando único, a demanda de Canarias.
Si valió entonces, debe valer ahora.
Un Estado no es más democrático porque renuncie a controlar sus fronteras, ni lo es menos por protegerlas. La inmigración irregular masiva y desordenada no es un derecho. Genera saturación de servicios, tensiona la convivencia y alimenta a quienes trafican con personas. Defender el orden fronterizo no es xenofobia; es responsabilidad.
Ceuta no puede absorber indefinidamente esta presión. El Gobierno central debe asumir el liderazgo, aportar recursos extraordinarios, agilizar traslados a la Península y, si es preciso, reformar la ley, como pide el PP, para recuperar instrumentos de control adaptados a la realidad.