La mancha de la trama de corrupción económica de la fontanera del PSOE se ha extendido definitivamente al Partido Nacionalista Vasco.
No es la primera vez que la formación aparece vinculada a esta red de influencias, presuntas adjudicaciones amañadas y comisiones ilegales bajo investigación.
Pero el último informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL este lunes, sitúa de manera inequívoca al PNV en el centro neurálgico de la rama vasca de la organización.
La Guardia Civil ha acreditado que Leire Díez concertó una reunión entre el CEO de Tubos Reunidos y el entonces líder del partido, Andoni Ortuzar, a fin de lograr que el PNV presionara al Gobierno central para flexibilizar las condiciones de devolución del rescate financiero de 112 millones de euros, que la SEPI otorgó a la siderúrgica.
A este relevante hecho se suma el hallazgo en el teléfono móvil de Díez de miles de mensajes con el actual vicelehendakari y consejero del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres, encaminados a agendar una reunión con un directivo de Tubos Reunidos en la que despachar sobre su rescate.
El PNV ha admitido la existencia de reuniones institucionales para tratar la situación de Tubos Reunidos, justificándolas en su tradicional defensa del tejido industrial, el empleo estratégico y el bienestar de la ciudadanía vasca.
Pero ha negado de forma tajante cualquier vinculación con la trama de Leire Díez, argumentando que las actividades paralelas de terceras personas no son su responsabilidad, y que interesarse por estas empresas es una práctica común.
Pero estas explicaciones resultan a todas luces insatisfactorias.
El argumentario del PNV no permite aclarar cuál fue su papel en el rescate de Tubos Reunidos, que resulta aún más sospechoso a la luz de las notas manuscritas de la agenda personal de Leire Díez a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL: "Buena acogida en PNV, Andoni y Joseba, cambio en la actuación con SEPI".
El propio informe de la Guardia Civil recoge otras menciones al PNV ya incluidas en atestados anteriores.
Los agentes señalan que el empresario Antxon Alonso, junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la propia Díez, realizó "labores de intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco" en favor de Tubos Reunidos. Lo cual "podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de dicha ayuda [el rescate]".
El socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar es un empresario muy vinculado al entorno jeltzale. Los contactos de Alonso en la política vasca le otorgaron una capacidad mediadora con la que, como reveló EL ESPAÑOL, pudo ejercer de enlace entre el PSOE y Bildu.
Las citas que propició Alonso con Cerdán y Arnaldo Otegi fueron determinantes para amarrar el voto afirmativo de Bildu a la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez, y arrastrar con ello el apoyo del propio PNV.
Pero no se puede olvidar que, junto a esta ramificación vasca, hay un segundo flanco de la trama de la fontanera que afecta al PNV, a través de la conexión con su marca territorial en la Comunidad Foral de Navarra, Geroa Bai.
La expresidenta autonómica Uxue Barkos fue quien abrió las puertas de la Administración a Servinabar, mediante la adjudicación, entre 2015 y 2019, de hasta cuatro contratos a la constructora del socio de Cerdán y Leire, por un total de 15,2 millones de euros.
Y su estrecha relación personal con el comisionista quedó de manifiesto con la fotografía desvelada por EL ESPAÑOL, en la que Uxue Barkos compartía un aperitivo en los Sanfermines de 2019 junto a Antxon Alonso.
Tras los nuevos indicios de las conexiones del PNV con la red de la fontanera, los nacionalistas no pueden seguir instalados en la estrategia del silencio, como han hecho desde que estalló originalmente el escándalo en el seno de la SEPI.
Las relaciones al más alto nivel del PNV con los miembros de la trama permiten explicarse el por qué de la delicadeza con la que el PNV está tratando la corrupción del PSOE: el temor fundado a que esa corrupción le acabe salpicando también a él.