EL ESPAÑOL, el medio de prensa más leído de España según los datos oficiales de GfK DAM (con 18,4 millones de usuarios únicos en mayo de este año), ha recibido hasta la fecha 57.339,40 euros de los 155,6 millones de euros que el Gobierno ha presupuestado para sus campañas de publicidad institucional en 2026.
Esa cantidad representa el 0,0003 % del total asignado a los ministerios y apenas el 0,009 % de los fondos destinados específicamente a prensa digital.
Estas cifras no son un error de cálculo ni una anomalía puntual. Son el resultado de un sistema de adjudicación que, según la documentación recabada por este diario a través de veintidós requerimientos de información al Portal de Transparencia, ha sustituido de forma progresiva los criterios técnicos reconocidos por el sector (audiencia según GfK DAM y adecuación al público objetivo) por criterios inventados o aplicados de manera arbitraria.
Entre esos criterios inventados o arbitrarios figuran la tasa de rebote, la llamada "audiencia cualificada" (un concepto que GfK DAM no mide y que el Ministerio de Agricultura llegó a atribuir falsamente a este medidor oficial), la exclusión por pertenencia a grupos editoriales, pactos verbales previos a la contratación y valoraciones de "afinidad" que no aparecen en los pliegos de licitación.
La consecuencia es un reparto que castiga de forma sistemática a los medios nativos digitales con mayor audiencia y línea editorial crítica.
EL ESPAÑOL pasó de percibir más de 500.000 euros anuales en 2022 y 2023 a 201.038 euros en 2024 y sólo 57.339 euros en lo que va de 2026.
Este descenso coincide con el inicio de la legislatura actual y con la publicación de informaciones sobre casos de corrupción que afectan directamente al entorno del presidente del Gobierno. Mientras tanto, grupos editoriales con menor presencia digital, pero con soporte impreso (los llamados legacy media), continúan recibiendo porcentajes muy superiores del presupuesto público.
El Gobierno ha intentado presentar la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y el llamado Plan de Acción por la Democracia como instrumentos de mayor transparencia y pluralismo. Pero la realidad apunta en otra dirección.
Desde 2024, las agencias de medios han denunciado públicamente que desde el departamento dirigido por José Manuel Nevado se modifican cuotas de inversión, se eliminan soportes sin justificación técnica y se transmiten indicaciones verbales sobre qué medios deben incluirse o excluirse en las campañas.
La centralización de decisiones en la Moncloa, bajo la supervisión de la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, ha convertido un instrumento de información pública en una herramienta de influencia política.
EL ESPAÑOL ha denunciado formalmente esta situación ante instancias internacionales.
En junio de 2025 presentó un informe alternativo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En septiembre, amplió las quejas ante el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, y ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión.
Ambas denuncias iban acompañadas de un informe jurídico elaborado por IHR Legal y firmado por Ignacio J. Álvarez, antiguo relator sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto sostiene que el reparto discrecional de publicidad institucional con fondos públicos puede constituir una forma de censura indirecta contraria al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La gravedad del asunto no se agota en la afectación a un medio concreto. Cuando el Estado utiliza recursos públicos para condicionar la viabilidad económica de los medios según su línea editorial, está interviniendo de forma indirecta en el ejercicio de la libertad de información.
Esa práctica no sólo distorsiona el mercado publicitario; erosiona un principio básico de cualquier democracia: que el dinero de todos los ciudadanos no puede emplearse para premiar adhesiones o castigar disidencias. El Gobierno ha convertido así el reparto de la publicidad institucional en un coto de caza que regula a voluntad, abriendo la veda contra las especies periodísticas que le interesa exterminar y protegiendo a las que le conviene promover por su sumisión a la maquinaria de bulos de Moncloa.
El objetivo, un ecosistema mediático a su medida.
La manipulación documentada de la publicidad institucional debe ser objeto de investigación judicial. Los criterios inventados, las adjudicaciones sin respaldo técnico y el uso de fondos públicos con finalidad política pueden tener relevancia penal. No basta con reformas legislativas que limiten al 35% los ingresos de cualquier medio procedentes de publicidad institucional si no se establecen mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
En este contexto adquiere especial relevancia la campaña impulsada por el Ministerio de Vivienda para promocionar la ley homónima. El uso de recursos públicos para señalar y responsabilizar a las comunidades autónomas gobernadas mayoritariamente por el Partido Popular plantea dudas jurídicas adicionales sobre el destino de esos fondos.
La oposición parlamentaria, y singularmente el PP, ganador de las elecciones de 2023 y líder de la oposición, dispone de instrumentos para exigir explicaciones y, si procede, promover las acciones de control e incluso judiciales que correspondan.
La publicidad institucional existe para informar a los ciudadanos, no para financiar lealtades ni silenciar críticas. Mientras el Gobierno mantenga un sistema opaco y discrecional de reparto, sus declaraciones sobre transparencia y pluralismo sólo pueden ser interpretadas como un ejercicio de cinismo.
Los datos, las respuestas ministeriales y las denuncias ya presentadas ante organismos internacionales exigen algo más que una nueva ley: exigen que los responsables de la gestión de fondos públicos rindan cuentas ante las instituciones que, en una democracia, tienen la última palabra sobre su correcto uso.