El estallido del caso de las cloacas del PSOE marca una novedad significativa en la estrategia discursiva del Gobierno: por primera vez, ni Moncloa ni Ferraz han sido capaces de aportar una respuesta mínimamente articulada ante un escándalo de corrupción.
Y es que la concreción y la gravedad de los hechos descritos en el auto judicial divulgado este miércoles impiden la construcción de una explicación alternativa que resulte mínimamente verosímil ante la opinión pública.
Hasta ahora, la estrategia de comunicación gubernamental había logrado capear, mal que bien, los diferentes temporales judiciales mediante argumentarios adaptados a cada circunstancia.
En el caso de Begoña Gómez, el partido se aferró a la tesis de que los actos por los que se la investiga se circunscriben a una actividad profesional y académica legítima.
Ante el caso Koldo, Ferraz recurrió al habitual cortafuegos para encapsular las mordidas en las conductas individuales de asesores o diputados que abusaron de la confianza del partido.
E incluso tras la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE pudo tener cierto margen de defensa, al escudarse en que el auto contiene únicamente indicios preliminares. Hasta para el hallazgo de más de cien joyas en una caja fuerte de su despacho puede hallarse la explicación de una legítima herencia familiar.
Pero el denominado caso fontanera es distinto.
Los indicios que apuntan a una aplicación de la maquinaria del PSOE de manera fraudulenta para sabotear las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente son abrumadores. Y la responsabilidad política de Pedro Sánchez, demasiado flagrante.
Más allá de la comparecencia en el Congreso solicitada por Sánchez para "informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales conocidas", la única respuesta que el PSOE ha acertado a ensayar se ha limitado a los consabidos lugares comunes sobre la "máxima colaboración con la Justicia".
Una fórmula que resulta especialmente irónica cuando el objeto de la causa penal es, precisamente, un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
El único que ha aventurado una narrativa que se desmarca de la línea contenida que han seguido Ferraz y Moncloa ha sido Óscar Puente, que ha aducido la tesis de un intento de "derribar" al Gobierno de Sánchez mediante "mañas" y "métodos y formas que no son democráticos".
Pero la teoría conspiranoica del lawfare es en este caso más insostenible que nunca.
El juez Calama, que fundamentó su resolución en informes rigurosos de la Policía Judicial, goza de una sólida reputación técnica en la carrera. Y el juez Pedraz es un magistrado históricamente encuadrado en el sector progresista de la judicatura, lo que invalida la sospecha de un sesgo ideológico contra el Gobierno.
Pero es que, además, ambos instructores retrasaron de forma deliberada sus actuaciones hasta que concluyeron las elecciones andaluzas.
Lejos de sufrir una persecución, el PSOE debería estar agradecido a la delicadeza de los jueces, que evitaron interferir en el proceso electoral y ahorraron al partido un resultado electoral presumiblemente peor todavía del que obtuvo el pasado 17 de mayo.
El Gobierno de Sánchez siempre se ha destacado por su capacidad fabuladora para fabricar relatos políticos con los que amortiguar los escándalos que le salpican. Pero ha quedado finalmente sobrepasado por la contundencia de un caso de guerra sucia que no deja lugar para una alternativa plausible.
Emiliano García-Page ha calificado esta concurrencia de sucesivos procedimientos que cercan al PSOE como una "bomba de racimo", y ha advertido de que "quien intenta meter a todo un partido y a una sociedad en un búnker termina dentro de una prisión".
Ante la andanada de investigaciones (con el hermano del presidente sentado esta misma semana en el banquillo en Badajoz, y Begoña Gómez a la espera de su declaración ante un jurado popular el próximo día 9), el PSOE se ha quedado por primera vez fuera de juego.