El auto con el que el juez Santiago Pedraz ha autorizado a la Guardia Civil a registrar la sede del PSOE este miércoles conlleva una carga explosiva para Pedro Sánchez como ningún otro de los procedimientos que le afectan.
La resolución refleja una trama en el seno del PSOE para "atacar" a los magistrados encargados de investigar a la mujer del presidente del Gobierno y a su hermano. Una actividad financiada presuntamente "con cargo a los fondos del partido", mediante pagos encubiertos por facturas falsas con que Santos Cerdán habría retribuido las gestiones de Leire Díez.
El párrafo más devastador para Sánchez y el PSOE es en el que el juez apunta a una operación orquestada por el exsecretario de Organización de la formación para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directamente o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".
El juez considera lógicamente significativo que la operativa sólo se pusiera en marcha tras la imputación de Begoña Gómez, que la propia fontanera vincula a los encargos que recibe.
Del auto se desprende que la "Carta a la Ciudadanía" del presidente, que siguió a la apertura de la investigación contra su esposa, era exactamente lo que cabía imaginar a la luz de la información disponible: el parteaguas de una "estrategia", según verbalizó la fontanera, para intentar sabotear las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que afectaban a Sánchez.
De hecho, el juez considera la reunión celebrada en la sede de Ferraz al tercer día del periodo de reflexión que se tomó Sánchez el 24 de abril de 2024 como el "punto de inflexión", a partir del cual comienza la actividad de este "grupo organizado" integrado por Cerdán, Díez, Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías. Y que tenía por finalidad la "injerencia en diversos procedimientos judiciales".
Los hechos relatados concuerdan perfectamente con el mensaje lanzado después de aquellos "cinco días de reflexión", cuando el presidente escaló su campaña contra los medios y los jueces para retratar las informaciones y las investigaciones a su entorno familiar como una campaña espuria de la ultraderecha y la "máquina del fango".
En simultáneo a esa narrativa desplegada públicamente por Sánchez, la fontanería del PSOE habría estado aportando desde la sala de máquinas material contra jueces, fiscales y la UCO.
El paralelismo cronológico es lo suficientemente sospechoso como para desechar la hipótesis de una coincidencia.
Pero es que, según observa el juez, el grupo estaba convencido de que todo estaba "perfectamente coordinado", y de que la "información" que suministraba al secretario de Organización del partido "ayudaría al presidente".
Es cierto que el auto no recoge ningún indicio de que Sánchez supervisara personalmente las maniobras. Pero no puede dejar de tomarse en consideración que Dolset asegurase que, "cuando sale la imputación de Begoña Gómez, entonces el presidente ya dijo que se limpie todo sin límite".
Y es igualmente comprometedor para Sánchez que, en aquella especie de cumbre de fontaneros delincuentes para armar el relato victimista de Moncloa, asistiera el número dos del gabinete del presidente, Antonio Hernando.
La estrategia defensiva del PSOE pasa por trazar un cortafuegos alrededor de Cerdán, aduciendo que actuaba por su cuenta.
Pero resulta inverosímil que el presidente fuera ajeno a estas maniobras.
Porque, según señala el juez, Cerdán, "como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad".
Y es cuanto menos ingenuo pensar que, en las reuniones que mantuvo Cerdán con Sánchez en Moncloa hasta julio de 2025 para hacer seguimiento de los casos judiciales que afectaban al PSOE, su número dos no le notificara la información que iba recabando en las cloacas.
Hay una diferencia crucial entre este procedimiento y los anteriores casos de corrupción que salpican a Sánchez: en aquellos, el PSOE todavía podría agarrase a la hipótesis de la búsqueda de un lucro personal por parte de miembros concretos del partido, que habrían traicionado la confianza depositada en ellos por el secretario general.
Pero, en este caso, las actividades de la organización no estaban dirigidas al enriquecimiento de sus miembros, sino al beneficio del partido.
Los partidos políticos son organizaciones altamente jerarquizadas. Y no es creíble que buena parte de su estructura (el secretario de Organización, la gerente del partido y otros históricos fontaneros socialistas) hubiera podido estar involucrada en una guerra sucia sin que el máximo responsable tuviera noticia de ello.
De la misma forma que, aunque nunca se pudiese demostrar judicialmente la identidad del "Señor X" de los GAL, tampoco es plausible que el ministro del Interior de Felipe González y su subordinado hubieran organizado una operación de terrorismo de Estado sin que el presidente lo consintiese.
Y de la misma forma que, aunque no se hallaran pruebas materiales que implicaran a Mariano Rajoy en la Operación Kitchen, se antoja imposible creer que su ministro del Interior organizase una red parapolicial para destruir pruebas de corrupción del partido a espaldas de su jefe.
Los casos siguen además un patrón parecido: el poder siendo descubierto en un intento de encubrir la comisión de unos delitos cometiendo otros.
Al haber quedado a expensas de que Cerdán decida o no declarar si reportaba de sus actividades ilegales al secretario general, la sombra de la imputación penal planea por primera vez sobre Sánchez.
Pero, con independencia de que pueda establecerse una responsabilidad penal que no pudo determinarse con Rajoy ni con González, este auto supone un salto cualitativo en la responsabilidad política del presidente.
El caso de las cloacas del PSOE puede considerarse el estallido del Watergate de Sánchez. Y, habida cuenta de que la prolongación de la sangría judicial en las próximas semanas permite descartar el escenario de un final feliz para él, lo menos malo que le podría suceder es terminar como Richard Nixon.
Si tuviera ya no un mínimo sentido del patriotismo, sino de autopreservación, Sánchez reconocería que la sola sospecha de que la maquinaria de su partido se empleó para pagar fraudulentamente unas cloacas y cometer delitos a su favor es motivo suficiente para disolver las Cortes.
Pero, llegados a este punto, ni siquiera las urnas son ya una salida aceptable para Sánchez. Sólo le queda la dimisión, convocar elecciones y renunciar a volver a presentarse.