Cuando todo eran parabienes entre la OMS y el Gobierno ("misión cumplida", exclamó con satisfacción la ministra de Sanidad, Mónica García, a última hora de la tarde de este lunes), llegó la noticia del primer positivo español por hantavirus.
Se trata de uno de los catorce españoles (trece pasajeros y un tripulante) trasladados desde el crucero MV Hondius hasta el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid vía Tenerife.
El dato es inquietante: ya se han confirmado once casos de transmisión interpersonal a bordo. Y no sabemos aún cuándo se produjeron esos contagios secundarios ni cuántos más pueden aparecer.
Pero sí sabemos que la semana perdida entre el fondeo del buque frente a las costas de Cabo Verde y su llegada a Canarias revela, cuando menos, un imprudente retraso en la respuesta.
La cronología es explícita. El primer fallecimiento a bordo del MV Hondius se registró el 11 de abril. La esposa del fallecido, desembarcada el 24 de abril en Santa Elena, murió el 26 de abril en Johannesburgo. El 2 de mayo Sudáfrica confirmó que ambos habían sido víctimas del hantavirus Andes (la única cepa con transmisión demostrada entre personas) y la OMS recibió la notificación oficial.
El 3 y 4 de mayo el MV Hondius fondeó frente a Praia. Pero Cabo Verde rechazó asumir la gestión del brote por falta de capacidad para aislamientos masivos y análisis de alta contención.
Ahí estaba la oportunidad que un gobierno sensato habría aprovechado sin dudar. Como venimos defendiendo desde hace días en estas páginas, no hacía falta que Cabo Verde "ingresara" a los 147 ocupantes ni que montara un hospital de campaña. Bastaba con lo obvio y lo prudente: pruebas PCR masivas (que la OMS podía haber facilitado en 48 horas) para identificar positivos, y repatriación inmediata por vía aérea a sus países de origen.
Era una operación estándar de rastreo y evacuación, como se ha hecho en brotes anteriores. No requería gran despliegue logístico.
En cambio, el Gobierno central, secundando la recomendación de la OMS, optó por traer el buque a Canarias con el objetivo de organizar una gran operación de propaganda televisada en directo.
Y así, el MV Hondius zarpó hacia Tenerife el 6 de mayo y llegó a Granadilla de Abona el domingo 10. Tres días de navegación adicional en un espacio confinado, con un virus cuya incubación alcanza las seis semanas.
El resultado está a la vista: un pasajero español ha dado positivo provisional en la primera PCR realizada ayer en el Gómez Ulla. Los otros trece, negativos. De momento. La sospecha es legítima: ¿se contagió este pasajero durante el periodo de tiempo en el que los pasajeros permanecieron innecesariamente confinados a bordo del MV Hondius? La suerte para los ministros españoles responsables es que es imposible saberlo.
Pero este retraso no era inevitable. Las mismas infraestructuras y protocolos que se han desplegado en Tenerife (Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, ambulancias medicalizadas y aviones) podrían haberse activado en Praia con la colaboración de la OMS. España no ha aportado ninguna capacidad técnica que no estuviera al alcance en Cabo Verde.
La decisión de asumir el riesgo y el coste de traer el foco a territorio nacional, por lo tanto, responde más a criterios de imagen que a la máxima prudencia sanitaria.
La operación ha permitido, eso sí, una cuidada puesta en escena: monos de protección integral, máscaras antigás y una coreografía retransmitida en directo que evocaba los peores momentos de la pandemia. También muchos selfies de ministros y funcionarios adyacentes.
Un imprudente reality show sanitario que, como señalábamos este mismo domingo, no tenía como objetivo proteger la salud de los españoles, sino proyectar autoridad estatal y relanzar la imagen de tres ministros en horas muy bajas. Pero la salud pública no es un plató.
Seis años después de la Covid-19, España vuelve a exhibir descoordinación, improvisación y una dependencia de organismos internacionales escasamente fiables que, en este caso, han avalado una solución más lenta cuando la celeridad era la mejor garantía. El positivo español de ayer demuestra que el retraso ha sido irresponsable. Quedan todavía dos semanas de riesgo alto en la cuarentena de 42 días.
El Gobierno debe explicar con transparencia por qué no se eligió la vía más rápida y segura en Cabo Verde. La prudencia no es alarmismo; es sentido común. Y en emergencias sanitarias, la primera obligación del Estado es minimizar el riesgo evitable, no convertirlo en un espectáculo grotesco a mayor gloria del gobierno y de tres ministros cuya incapacidad para gestionar crisis ha quedado patente.