Muchos españoles se preguntarán hoy por qué en el Tribunal Supremo se habló ayer jueves de la presunta entrega de dinero en Ferraz y qué relación tiene eso con las mascarillas o con la colocación de las novias de José Luis Ábalos cuando en el banquillo sólo se sientan tres acusados principales: el propio exministro, Koldo García y Víctor de Aldama.

La respuesta, sin embargo, empieza a dibujarse con nitidez.

Porque los indicios no apuntan ya a episodios aislados, sino a vasos comunicantes de una misma trama cuya arquitectura la justicia española tiene la obligación de desenmarañar.

La clave está en comprender que en este caso la corrupción no se presenta como un bloque compacto y ordenado. Avanza como una red de piezas que se alimentan entre sí, de favores cruzados, de dinero que circula por distintos conductos y de beneficios que se reparten por distintos conceptos.

Lo que hoy emerge en el Supremo no es, por tanto, una colección de anécdotas inconexas, sino la posible anatomía de una sola operación de poder, negocio e influencia.

Y en esa operación, según lo que han ido describiendo los testimonios, hay un agente corruptor principal: Aldama. Frente a él, los corruptos que recibían: Ábalos y Koldo.

La distinción importa. Importa porque sitúa cada pieza en su lugar y porque ayuda a leer de forma coherente lo que, visto de manera fragmentaria, podría parecer un mosaico confuso.

Si Aldama actuaba como facilitador, financiador o mediador de ventajas; si Ábalos y Koldo recibían dinero, acceso o contraprestaciones; si unas veces el premio era una licencia, otras una adjudicación, otras una influencia política y otras un beneficio personal, entonces no estamos ante causas separadas, sino ante un mismo circuito de intercambio.

Corruptores y corruptos se reconocen mutuamente, se necesitan y se entremezclan.

Por eso no sorprende que en las declaraciones de hoy aparezcan también Air Europa, las mascarillas, los hidrocarburos o incluso la presunta financiación ilegal del PSOE como derivaciones más o menos claras del mismo entramado.

La trama es una, pero sus ramificaciones son múltiples.

Y precisamente por eso sería un error exigir a cada testigo que hable con la limpieza geométrica de un expediente administrativo.

En casos así, la verdad judicial suele aparecer desordenada, parcialmente deshilachada, con referencias a otros negocios, a otros pagos y a otras operaciones que se cruzan entre sí.

Esa es, justamente, la tarea de la justicia: desentrañar qué pertenece al núcleo de la trama y qué forma parte de sus derivaciones; qué es accesorio y qué es estructural; qué constituye prueba directa y qué solo indicio de contexto.

La justicia debe por tanto ser capaz de seguir la pista del dinero, de las llamadas, de los intermediarios y de los favores hasta reconstruir el mapa completo.

Y si ese mapa apunta a que lo sucedido con las mascarillas no fue sólo una trama "de oportunidad" que se aprovechó de la falta de controles durante la pandemia, sino el primer escalón de una secuencia más amplia que revela un patrón de corrupción sistémico del PSOE, del Gobierno, o de ambos, entonces el país tiene derecho a saberlo, caiga quien caiga.

Porque lo que hoy asoma en el Supremo es una idea inquietante: que el poder público habría sido utilizado como moneda de cambio. En principio por los acusados. Pero quizá también por el PSOE y por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Contratos, licencias o ayudas públicas habrían generado un peaje privado en metálico o en especie. Y cuando la política se convierte en una estación de paso para intereses particulares, la degradación no se limita a los implicados. Alcanza a las instituciones que debían proteger a los ciudadanos.

El Gobierno y el PSOE no pueden por tanto refugiarse en la comodidad del "caso aislado" o de la "excepcionalidad de la Covid".

Porque los indicios que van apareciendo dicen otra cosa: que hay vasos comunicantes entre varias causas, varios negocios y varios favores; que el dinero fluía por distintos conductos, pero en una dirección común; y que las piezas, cuando se colocan juntas, dibujan una misma cultura de impunidad.

La obligación ahora es clara. La justicia debe llegar hasta el final. Y el presidente Sánchez, mientras tanto, debe dejar de girar la vista frente a lo que ya parece demasiado grande para seguir tratándolo como una suma de accidentes.

Si termina acreditándose la existencia de una trama de corrupción sistémica en el seno del PSOE y del Gobierno, aunque sea como consecuencia de una omisión de vigilancia y no de una acción en favor de dicha trama, el país exigirá una respuesta a la altura de la gravedad del daño causado.