Este martes, durante el acto de firma de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a la confrontación con los empresarios.

Aprovechando la ausencia de la patronal en el acuerdo, el presidente le ha afeado su supuesta cicatería e insolidaridad, exhortando a los empresarios a "que cumplan su parte, que paguen más".

Con su insistencia en una retórica hostil hacia el empresariado, Sánchez vuelve a hacer gala de una política demagógica que soslaya que el dirigismo estatal no crea empleo ni crecimiento, y que no basta por sí solo para subsanar los problemas económicos.

La nueva subida del SMI, que sitúa el suelo salarial en los 1.221 euros brutos, se añade a una acumulación de cargas impuestas sobre el tejido productivo que ya resulta asfixiante.

Para muchas pymes y autónomos, el coste real de un trabajador supera ya los 1.800 euros mensuales si sumamos las cotizaciones sociales y el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

A esto se le suma el "efecto tenaza" que supone la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. El resultado es un incremento desproporcionado de los costes laborales que el Gobierno obliga por decreto a soportar a las empresas.

Esta generosidad con el dinero ajeno omite la realidad de que la productividad de la economía española apenas ha crecido un 0,2% anual en la última década. En ese contexto, forzar a las empresas a pagar más cuando producen lo mismo sólo conduce a la pérdida de competitividad.

La política económica de Sánchez se decanta invariablemente por la opción intervencionista.

En lugar de crear un entorno favorable al crecimiento, que es lo único que puede y debe hacer un gobierno, Moncloa se dedica fundamentalmente a subsidiar, establecer precios máximos y mínimos, y multiplicar las limitaciones por ley.

Es cierto que estas medidas pueden resultar populares a corto plazo. Proyectan la imagen de un Ejecutivo protector que vela por el trabajador frente a los "poderosos".

Sin embargo, es un espejismo que no contribuye a aumentar la prosperidad real del país.

Al contrario, lo que España necesita para corregir su escuálida productividad es reducir las trabas burocráticas y fiscales. Y no perpetuar un modelo de dependencia del Estado que sólo atiende a las necesidades clientelares del PSOE y sus socios de Sumar.

La demagogia alcanza su punto álgido cuando se cuestiona la contribución de los empresarios al crecimiento. Estirando su narrativa contra los "ricos" y las grandes fortunas, Sánchez intenta instalar la idea de que el sector privado está extrayendo rentas de sus empleados sin corresponderles debidamente.

Sin embargo, los datos refutan esta narrativa: es el Estado el que se está lucrando a costa de los trabajadores.

España atraviesa un periodo de presión fiscal récord. Bajo el mandato de Sánchez, se han aprobado cerca de un centenar de subidas impositivas que han llevado al erario a récords históricos de recaudación.

Mientras el Gobierno exige "corresponsabilidad" a las empresas, Hacienda se beneficia de la inflación y de la negativa a deflactar el IRPF, cobrando más impuestos que nunca a familias y compañías.

La única forma de contrarrestar esta demagogia fiscal sería aplicar la propuesta lanzada en su día por la CEOE y diversos sectores del empresariado: que los trabajadores reciban íntegramente su salario bruto en su cuenta bancaria.

Es decir, que el empleado cobre el coste total que la empresa paga por él y, acto seguido, realice personalmente el ingreso de sus cotizaciones e impuestos al Estado.

Esta fórmula sería el mejor ejercicio de pedagogía tributaria posible. Sólo cuando el ciudadano vea que casi el 40% de lo que genera su trabajo desaparece de su cuenta nada más entrar, será consciente de quién es realmente el actor que limita sus ingresos.

El populismo económico de Sánchez está obstaculizando con sus medidas electoralistas la actividad de las empresas, que se ven además marginadas del diálogo social. No contento con ello, insiste en demonizar al empresariado, para legitimar un marco desaforadamente estatalista.

Pero mientras el dedo de Sánchez señala al empresario exigiéndole que "pague más", esconde la realidad de un Estado confiscatorio que se ha convertido en el principal freno para la competitividad española.