El descubrimiento de la campaña china de ciberespionaje Salt Typhoon, la mayor operación de este tipo en la historia, debería servir como aldabonazo para España.
De acuerdo a la información obtenida por los principales servicios de inteligencia occidentales, incluido el CNI, China ha obtenido información personalizada de cada ciudadano de los ochenta países más importantes del mundo con ciberataques
La megaoperación penetró en grandes compañías de telecomunicaciones, cadenas hoteleras, aerolíneas, infraestructuras de transporte y hasta empresas militares.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por mantener una peligrosa complacencia hacia Beijing que pone en riesgo tanto la seguridad nacional como la posición internacional del país.
Los recientes contratos del Ministerio del Interior con Huawei por 12,3 millones de euros para gestionar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente no son meros acuerdos comerciales. Constituyen una puerta de entrada directa para que los servicios de inteligencia chinos accedan a información clasificada sobre investigaciones de terrorismo, crimen organizado y espionaje.
La legislación china obliga a Huawei a colaborar con Beijing cuando se le requiera, convirtiendo cada contrato en un potencial vector de espionaje.
La red de influencia que ha permitido estos acuerdos es tan extensa como preocupante. José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el principal valedor de los intereses chinos en España, operando a través de múltiples canales de influencia. Entre ellos, la consultora Acento.
Esta arquitectura de influencias ha funcionado con eficacia letal. China ha elogiado públicamente la "resistencia" del Gobierno español ante las presiones occidentales, considerando a España como un aliado estratégico en su confrontación con Estados Unidos.
Pero es precisamente esa percepción la que ha aislado a España de sus verdaderos aliados democráticos.
La respuesta de Washington ha sido contundente: suspensión del intercambio de inteligencia con España. Los senadores estadounidenses Tom Cotton y Rick Crawford han advertido que revisarán todos los acuerdos bilaterales si Madrid no rescinde los contratos con Huawei.
La Unión Europea, por su parte, ha afirmado que "la falta de una acción rápida expone a la Unión Europea en su conjunto a un riesgo claro".
Es ingenuo pensar que China es solo una potencia comercial y tecnológica. Beijing lidera junto con Rusia y Corea del Norte un bloque autoritario que representa una amenaza existencial para las democracias occidentales. Y su principal herramienta no es su impresionante tecnología militar, sino una extensa y financieramente muy bien lubricada red de espionaje y ciberespionaje.
Los BRICS, que ahora incluyen a nueve nuevos países socios, representan el 51% de la población mundial y el 40% del PIB global, constituyendo una alternativa real al orden liberal internacional.
La estrategia china es clara: utilizar el Sur Global como palanca para debilitar la influencia occidental. España, al alinearse con esta narrativa, no sólo compromete su seguridad nacional, sino que debilita la cohesión europea y transatlántica en un momento geopolítico crucial.
La rectificación tardía del Gobierno, cancelando el contrato de RedIRIS "por criterios de soberanía estratégica europea", es insuficiente. Se trata de un reconocimiento tácito del error, pero llega después de que el daño reputacional ya esté hecho.
Estados Unidos ha puesto España "en cuarentena" en el intercambio de inteligencia, considerando "desleal" al Gobierno de Sánchez.
España debe elegir entre permanecer en el club de las democracias occidentales o deslizarse hacia la órbita del eje autoritario sino-ruso. No hay términos medios en esta confrontación geopolítica. La experiencia de Ucrania demuestra las consecuencias de subestimar las ambiciones imperiales de los regímenes autoritarios.
El Gobierno de Sánchez debe romper definitivamente con la red de influencias que rodea a Zapatero y sus conexiones con Beijing. España necesita volver al redil occidental, reforzar sus vínculos con la OTAN y la UE, y reconocer que en la nueva Guerra Fría del siglo XXI, la presunta neutralidad, que en realidad es complicidad tácita con el bloque autocrático, es una quimera que sólo beneficia a los enemigos de la democracia.
La seguridad de los españoles y el futuro de España como potencia europea están en juego. No hay espacio para la ambigüedad cuando las democracias enfrentan la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial.