El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 que hoy recoge EL ESPAÑOL resulta demoledor para un Gobierno que se estrenó invocando el discurso de la regeneración. En el informe de Transparencia Internacional, España desciende cuatro puntos y diez puestos con respecto al Índice de 2023, registrando una puntuación de 56 sobre 100.
Al caer hasta la posición 46 de los 180 países estudiados, España se coloca entre las naciones con peores registros sobre la percepción de la corrupción de la Unión Europea. Y por debajo de países que ni siquiera pueden decirse democráticos, como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Botsuana o Ruanda.
Por si fuera poco, el informe cataloga a España como "democracia defectuosa". Un mazazo para el Ejecutivo que ha blasonado de la condición de "democracia plena" de España, así como de las buenas marcas de nuestro país en los distintos rankings internacionales.
Naturalmente, la ausencia de "reformas estructurales integrales y efectivas" a la que el Transparencia Internacional atribuye los "descensos sustanciales" en la puntuación no son únicamente imputables al Gobierno Sánchez.
De entre los factores que "opacan los esfuerzos anticorrupción", el organismo cita a la vez el "estancamiento a nivel nacional" y el "desmantelamiento institucional a nivel autonómico", que incluyen el retraso en la transposición de Directivas europeas, la carencia de una estrategia nacional anticorrupción, la obsolescencia de la normativa de conflictos de interés y la inexistente regulación de los lobbies.
Pero no parece casual que el retroceso en higiene democrática se haya agravado con Sánchez en la Moncloa. El desplome coincide con el año del estallido de las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno: el caso Koldo, el caso Begoña, el caso Azagra y el caso del fiscal general.
Es de tal magnitud la sensación que los españoles tienen sobre la extensión de los desafueros políticos en la última legislatura que España ha registrado su peor dato en el Índice de los últimos 30 años.
Para encontrar una marca tan baja, hay que retrotraerse hasta 1996, cuando España puntuó con sólo un 43. Es decir, el año en el que llegó José María Aznar al Gobierno, en el contexto de la putrefacción de las postrimerías del felipismo. Que la victoria de Aznar fue saludada como una empresa de saneamiento institucional lo prueba que, sólo un año después, España mejoró su valoración hasta los 59 puntos.
Inquieta y sorprende que el presidente que se guía por la máxima del "siempre adelante" nos haya devuelto a los tiempos de Felipe González en materia de percecpión del desfalco público. Unos años marcados por la corrupción rampante e incluso el terrorismo de Estado.
En este medidor homogéneo, quienes alcanzaron una valoración más alta fueron Aznar con 71 puntos y José Luis Rodríguez Zapatero, con 70 puntos. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo es que ni siquiera Mariano Rajoy, en el momento en el que más asediado se vio por la corrupción que dejó crecer en su partido, registró un dato tan bajo como Sánchez.
Es decir, que el presidente al que Sánchez apeó del Gobierno con una moción de censura justificada en la condena del PP por el caso Gürtel se situó, en un medidor homogéneo, un punto por encima en 2017 que Sánchez hoy.
Se podrá aducir que la corrupción de la era Rajoy revistió aspectos cualitativamente más graves que la de la era Sánchez, como la financiación ilegal del partido, los sobresueldos, o las operaciones de Luis Bárcenas o Francisco Correa. Pero la corrupción de la era Sánchez, en otro sentido, muestra aspectos tan o más graves, como la cercanía personal con el presidente de los investigados, la imputación de su número dos en el Gobierno y el partido, o la tutela ejercida sobre el fiscal general.
Lo que parece claro es que, según su propio baremo, Pedro Sánchez debería ser objeto también de una retirada de la confianza parlamentaria como la que desahució a Rajoy de la Moncloa.
Para marcar distancias con el entonces presidente, Sánchez le espetó a Rajoy en 2015 que "yo soy un político limpio". Hoy el socialista ya no puede decir lo mismo. Por eso, el Sánchez de 2018 (o, según la feliz expresión de Carmen Calvo, el presidente que pensaba como líder de la oposición y no como presidente) le habría presentado una moción de censura al Sánchez de 2025.