Después de varios días de mutismo y de múltiples movimientos contradictorios, el Ministerio de Defensa propone que la Unión Europea active una "nueva y específica" misión de apoyo a la operación antipiratería Guardián de la Prosperidad, liderada por Estados Unidos.

De esta forma, Defensa asegura que, pese al incomprensible bloqueo del pasado jueves a la participación de la UE en la operación militar para proteger la navegación de los buques cargueros en el mar Rojo, no existe ningún veto. Sólo se opone a involucrar a la misión ya existente, concebida para luchar contra la piratería en el océano Índico.

Pero ha excluido a continuación, también, la posibilidad de que España forme parte de la nueva, alegando que tiene todos sus recursos comprometidos en la Operación Atalanta.

Resulta complicado no ver esta justificación como un pretexto. No sólo porque ambas operaciones responden al mismo propósito de velar por la seguridad del flujo comercial marítimo, y sus ámbitos de intervención están cercanos. También a la vista de los erráticos mensajes que ha mandado el Gobierno a lo largo de esta semana.

El lunes, EEUU anunciaba la participación de España junto a otros diez países en una coalición internacional para garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo frente a los ataques de las milicias hutíes, islamistas yemeníes apoyados por Irán que han obligado a los principales grupos de transporte marítimo a suspender sus operaciones en la ruta.

Los principales socios de Pedro Sánchez, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, se lanzaron a criticar el eventual involucramiento de España en este conflicto desatado a partir de la guerra en Gaza, al entender sectariamente que supone salir en defensa de los intereses de Israel de la mano de EEUU.

Y el martes, el Gobierno aseguró que España no enviaría buques de guerra "unilateralmente" junto a la misión norteamericana, a menos que se hiciera bajo el paraguas de la OTAN o de la UE. Todo para que, al día siguiente, el vicealmirante Ignacio Villanueva, comandante de la misión Atalanta, dijese ahora que España sí colaboraría con Guardián de la Prosperidad.

Después de que España bloquease sin motivo el acuerdo alcanzado el miércoles por los embajadores de los 27 para extender el mandato de Atalanta al mar Rojo, Joe Biden llamó por teléfono a Sánchez este viernes.

Supuestamente, el presidente estadounidense contactó a su homólogo español para felicitarle por su reelección. Algo sorprendente, al haberse producido la llamada más de un mes después de su investidura.

A la vista del comunicado de Defensa de este sábado, no se puede descartar que en esa conversación se tratara el veto de la presidencia española del Consejo de la UE a la colaboración con EEUU que la propia España había apoyado.

La cronología de los eventos permite albergar una razonable sospecha de que la confusa posición del Gobierno haya podido estar relacionada con la negativa de sus sostenes parlamentarios a que España navegue junto a EEUU.

Y más si se piensa en las tiranteces que ha protagonizado Sánchez con países como Israel a propósito de la heterodoxa diplomacia de alineamientos ambiguos que ha venido impulsando.

Lo que está claro es que este Gobierno de coalición alberga en su seno visiones geopolíticas contradictorias que han dificultado la definición de una política exterior española reconocible y unificada.

Esta cohabitación bipolar e insostenible de posicionamientos geoestratégicos opuestos ya le ha traído problemas a Sánchez a cuenta de la oposición de Podemos en su anterior Ejecutivo a apoyar militarmente a Ucrania. Y en el respaldo de los morados y Sumar a la causa palestina.

Al contrario que en otras ocasiones (como con la promoción de la oficialidad del catalán en la UE), el Gobierno no puede volver a desmarcarse de los consensos internacionales occidentales en virtud de sus dependencias de política interna. Y más para un caso como el del mar Rojo, donde está en peligro una de los principales corredores marítimos globales, por el que pasa más del 12% del comercio mundial.