La reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ofrece motivos para el optimismo. Tanto sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato prorrogado desde 2018, como sobre la reforma del mecanismo de elección de sus miembros, para reducir la influencia política sobre el órgano de gobierno de los jueces y para que se atiendan los estándares de la Unión Europea. Estos establecen, en esencia, que la mitad de los miembros del Consejo sean jueces elegidos por sus pares.

Durante cinco años, PP y PSOE se han culpado mutuamente por la falta de acuerdo. Los socialistas reprochan a los populares el "incumplimiento" de la Constitución por negarse al reparto de los jueces con la legislación vigente. Los populares, partidarios de la reforma del sistema con los criterios de Bruselas, se resisten para "no poner al zorro a controlar las gallinas", al asumir que el PSOE pretende "colonizar" el órgano, como en los casos de la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional o el CIS.

Para desbloquear la situación, Feijóo propuso que la reforma y la renovación se debatan bajo supervisión de la Comisión Europea en una reunión a tres bandas. El mensaje que envía es fácil de interpretar. El PP considera que Sánchez puede engañar al líder de la oposición, pero si lo hace mentirá al mismo tiempo a la Unión Europea, con nuevas implicaciones. Así que es un triunfo de Feijóo que Pilar Alegría, portavoz del PSOE, anunciase que su partido "se abre" a esa "mediación y verificación".

El PP al fin ha dado con una fórmula audaz, imaginativa y coherente para desatascar la situación. Feijóo consigue, con este movimiento, elevar la cuestión a niveles europeos y que el peso del bloqueo cambie de hombros. Al aceptar las condiciones, el PSOE tendrá que rendir cuentas ante los españoles y ante Bruselas, con un comisario Reynders que apremiará a que la renovación y la reforma vayan de la mano.

Si bien PP y PSOE están de acuerdo en la supervisión de la Comisión, es evidente que hay una discrepancia sustancial. Feijóo sostiene que Sánchez acepta que la renovación y la reforma se traten a la vez. Pero las palabras de Alegría obligan a sospechar que el PSOE quiere abordarlas en dos plazos distintos, no necesariamente inmediatos.

Es verdad que esta reunión entre Feijóo y Sánchez es el inicio de un proceso negociador sin todavía acuerdos vinculantes. Pero el PP debió tomar nota de las reservas de Junts y Esquerra, y pedir un documento con el compromiso y la firma de las dos partes. También pudo exigir que fuese Sánchez quien comunicase públicamente los resultados de la reunión, sin delegar la tarea en la portavoz del partido. Así sucedió 24 horas antes tras el encuentro del presidente del Gobierno con el presidente catalán en Barcelona.

También es cierto que la inclusión de Reynders en las negociaciones proyecta una realidad poco halagadora. Los dos partidos de Estado necesitan un árbitro supranacional para entenderse, igual que el PSOE con los nacionalistas catalanes. Pero existe otra interpretación más sólida. El PP tiene motivos para desconfiar del PSOE y los casos presentan diferencias sustanciales entre sí.

Ni el verificador salvadoreño ni la Fundación Henry Dunant tienen criterio o capacidad coercitiva sobre las relaciones entre el Estado español y la comunidad autónoma catalana. Pero la Comisión Europea sí los tiene sobre España. Y los informes anuales del Consejo de Europa sobre la independencia judicial en nuestro país obligan al Gobierno a tomarse el asunto muy en serio, a riesgo de que no hacerlo tenga repercusiones, en el peor de los escenarios, en el acceso a los fondos comunitarios. 

Como sea, ayer se inició un buen camino para renovar y reformar el CGPJ con los criterios de la Unión Europea. El propósito de PP y PSOE debe ser compartido. Acabar con la anomalía de la larga interinidad del Consejo. Y avanzar hacia un país donde la separación de poderes sea, en fondo y en forma, una realidad incontestable.