El apuñalamiento de tres profesores y dos alumnos en un instituto de Jerez de la Frontera por parte de un estudiante de catorce años obliga a varias reflexiones a pesar de tratarse de un hecho excepcional en el sistema educativo de nuestro país. 

La primera reflexión concierne a las circunstancias del ataque, que tuvo lugar a las 8:25 horas de la mañana en el Instituto Elena García Armada, en el barrio San José Obrero de Jerez. El menor atacante, según las informaciones recabadas por EL ESPAÑOL, habría sido víctima de acoso 24 horas antes. Acoso que no parece ajeno al hecho de que el alumno sufriera Asperger, un síndrome que dificulta la interacción social y que aminora la capacidad para comprender el lenguaje corporal de otras personas. 

El acoso escolar, exacerbado por la deshumanización generada por las redes sociales y el abuso de los teléfonos móviles, es un problema de primer orden en el sistema educativo español. El acoso impide la correcta socialización del abusado, pero también de los abusadores, sobre todo cuando los centros escolares prefieren hacer la vista gorda frente a las agresiones. Vista gorda que redunda en la revictimización de la víctima y en la sensación de impunidad de los agresores, que no suelen dudar en repetir el acoso sabedores de que las consecuencias para ellos son nulas.

Es tarea de los expertos educativos, además, determinar cuál es la vía de integración más adecuada para los niños que sufren algún tipo de desventaja de cualquier tipo respecto al resto de sus compañeros. Pero EL ESPAÑOL quiere recordar que esa decisión, de una enorme trascendencia y que afecta y preocupa de forma comprensible a miles de familias de toda España, debe ser tomada con una única prioridad en mente: la de los intereses del menor, no los del Gobierno, las escuelas o los educadores.

Dicho de otra manera. La decisión debe ser tomada basándose en parámetros científicos y educativos, no ideológicos, y debe corresponder siempre en última instancia a las familias. EL ESPAÑOL ha defendido en anteriores editoriales que la decisión de este Gobierno de acabar por la vía de la asfixia con los centros de educación especial ha hecho un flaco favor a aquellas familias que, voluntariamente, deciden que su hijo sea educado en un centro especializado. 

La última reflexión concierne a las consecuencias del ataque, que ha acabado con tres profesores y dos alumnos heridos (uno de ellos, el presunto acosador que el día anterior se había burlado del estudiante atacante). Ninguno de los heridos reviste gravedad, algo que podemos achacar al hecho de que en España, a diferencia de Estados Unidos, está prohibida la posesión de armas de fuego. Por suerte, ninguna formación española propone hoy la legalización de las armas de fuego. Un síntoma de racionalidad que ataques como el de ayer confirman como la decisión correcta.