La aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de ciencia sin la enmienda del PP que permitía los contratos temporales en determinadas circunstancias supone un éxito para el Gobierno y una relativa derrota para los populares. Pero, sobre todo, supone una decepción para los centros de excelencia que demandaban ese tipo de contratos y de los que el PP se había convertido en portavoz. 

La aprobación hace dos meses del proyecto de ley de la Ley de ciencia sin ningún voto en contra fue una de esas buenas noticias que tanto escasean en la crispada arena política española. Es de rigor reconocer el mérito de la ministra Diana Morant, que logró 279 votos a favor, incluidos los del PP, y sólo 62 abstenciones, entre ellas las de Vox y las del PNV. Algo caro de ver en el Congreso de los Diputados. 

La Ley de Ciencia, que modifica la ley de 2011 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, nació por tanto con un consenso ampliamente mayoritario y con el objetivo de solucionar dos de los principales problemas que sufren los investigadores españoles. Una burocracia irrespirable que complica hasta el paroxismo la compra de los suministros más elementales, y la precariedad laboral de los investigadores más jóvenes.

Demanda de los centros

La nueva Ley de ciencia agiliza los trámites burocráticos que pesaban sobre el sistema científico español e instaura un modelo de contrato indefinido destinado a reemplazar los contratos temporales habituales hoy en el sector entre los trabajadores más jóvenes.

En ese sentido, la aprobación de la ley es una excelente noticia para los españoles. 

Pero la petición de un contrato temporal para casos concretos no era una demanda del PP, sino de los directores de los centros de investigación punteros en España. Una petición que se aplicaría, exclusivamente, a los proyectos de vanguardia financiados con fondos europeos y cuya duración es limitada en el tiempo.

Según los responsables de esos centros, firmar contratos indefinidos en esos casos sólo generaría una bolsa de aproximadamente 5.000 falsos indefinidos que luego deberían ser despedidos colectivamente con expedientes de regulación de empleo, generando un gasto inasumible para unos centros muy dependientes de esos fondos europeos. 

¿A quién representa ERC?

Que los socios del Gobierno dieran su "sí" en el Senado a la propuesta del PP fue producto de la evidencia de que esta no era en realidad una imposición de los populares, sino una petición de la propia comunidad científica. 

Pero, por desgracia, ayer jueves se impuso de nuevo la política de vuelo gallináceo y ERC logró tumbar la enmienda del PP tras una negociación cuyo objetivo es difícil de imaginar, más allá del deseo de ampliar esa brecha que separa hoy al Gobierno de la oposición, aunque sea a costa de perjudicar gravemente al sector científico. 

Sin necesidad de entrar en los delirantes argumentos con los que los socios del Gobierno y sus entidades afines han justificado el rechazo a la enmienda del PP (CCOO ha llegado a calificarla de "feudalismo"), lo que es obvio es que los perjudicados por el dogmatismo del bloque que da apoyo el Gobierno serán los propios centros de investigación.

La enmienda del PP representaba a las 76 universidades españolas, 50 de ellas públicas, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

¿A cuántos científicos españoles representa ERC?