El empuje político del independentismo languidece a medida que se hacen patentes las divisiones internas de la coalición que sostiene el Govern de la Generalitat, agravadas por los sucesivos reveses judiciales que acumulan los líderes soberanistas.

La rivalidad que arrastran ERC y JxCat por la hegemonía política en Cataluña vive estos días una escalada a cuenta de la Mesa de diálogo convocada por Pedro Sánchez y Pere Aragonès para finales de este mes. La línea dura del unilateralismo de los neoconvergentes considera una humillación la vía posibilista por la que han apostado los republicanos para participar de la gobernabilidad del Estado. Y la incapacidad del president para arrancarle a Sánchez compromisos más concretos en la rebaja de las penas de sedición ha reafirmado a JxCat en su negativa a participar, una vez más, en la Mesa de diálogo.

Hay que recordar que Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs, presidenta de JxCat, por la adjudicación irregular de contratos a amigos mediante la técnica del fraccionamiento. Está también procesada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. Y esto en la misma semana en que el abogado general del TJUE ha abierto la puerta a la ejecución de la euroorden por sedición y malversación contra el fugado Carles Puigdemont.

Así, JxCat se parapeta en su insostenible retórica victimista, torpedeando cualquier posibilidad de reconciliación entre Madrid y Barcelona que no pase por una amnistía encaminada a evitar que dos de sus más destacados activos puedan entrar en prisión.

Tergiversación interesada

Pero es evidente que el argumentario de la "persecución política" de los líderes independentistas cada vez resulta más risible. Porque los delitos que se le atribuyen a Borràs tienen que ver con corrupción y no con su actividad política. Y porque el aval europeo a la extradición de Puigdemont, lejos de evidenciar una "represión" por parte del Estado español, implica un respaldo a la euroorden del juez Llarena contra el expresidente catalán.

El soniquete neoconvergente -entonado también por sus socios de ERC- sobre la necesidad de avanzar hacia una "desjudicialización" del "conflicto político" no tiene otro propósito que la tergiversación y la exoneración moral de un soberanismo inmerso en graves procesos judiciales.

La credibilidad de la manía persecutoria independentista se disipa tan pronto como la Justicia española hace valer internacionalmente sus procedimientos garantistas, poniendo de manifiesto que la realidad paralela en la que se ha instalado JxCat no es más que una impostura. Una puesta al servicio de salvar los muebles de los cada vez más quemados prebostes del secesionismo catalán.

Por ello, haría bien el Gobierno de España en desmarcarse en las próximas Mesas de diálogo del marco discursivo de una formación dedicada al desprestigio de las instituciones españolas para enturbiar y desplazar la atención de dos realidades innegables: que el liderazgo de JxCat está herido de muerte, y que la inestable coalición del gobierno catalán se demuestra cada día más inviable.