La Constitución de 1978 creó el marco legal y de convivencia que sostiene la etapa más próspera, pacífica y libre de la historia de España. Cuatro décadas de un progreso inaudito, de una democracia moderna equiparable a las mejores, de una cota de desarrollo y bienestar insólita y de un amplio espíritu de concordia que ha alejado durante años el fantasma del cainismo, fuerza motriz de los capítulos más oscuros de nuestro pasado.

Sin embargo, faltan manos para contar los representantes de la soberanía nacional que están comprometidos con su destrucción. Un dato que el PSOE no puede pasar por alto en cualquier conversación para su reforma, que tiene que priorizar el consenso con los constitucionalistas y aplicarse una máxima: no hay reforma posible sin el PP.

Este domingo, en la víspera del Día de la Constitución, Esquerra Republicana y Bildu, dos socios fundamentales del Gobierno para asegurar su estabilidad y para la aprobación de los presupuestos, publicaron una declaración en la que denuncian que la norma suprema es “una fuente de enfrentamiento y sufrimiento” y “un instrumento para violentar derechos democráticos básicos”.

A sus firmas se suman Junts, CUP, BNG, Més per Mallorca y Més per Menorca, todos ellos integrantes de la Declaración de la Llotja de Mar de 2019, que reclama “el reconocimiento nacional y, por tanto, del derecho a la autodeterminación de las diferentes naciones que forman parte del Estado español”. 

La carta, disparatada y a todas luces desconectada de la realidad, da buena cuenta de los compañeros de viaje del Gobierno, depositarios de un delirante concepto de democracia y ejemplos palmarios de la grandeza de nuestra Constitución, que también abriga las libertades y los derechos de quienes la denigran. Que son, a su vez, los mismos que hacen del ejercicio político un ariete contra los muros de carga del Estado.

Otros aliados

En EL ESPAÑOL hemos defendido en incontables editoriales las virtudes de la gran coalición, atestiguada en Alemania, y la necesidad del entendimiento entre Sánchez y Casado en los grandes asuntos de Estado, que debieron incluir los presupuestos (respaldados por 188 diputados, de los que 66 son contrarios a la Constitución).

La posición de Bildu y ERC hace más que evidente el peligro de que se extienda su fecunda sintonía con el Gobierno a las conversaciones para la reforma constitucional, encomendadas a Félix Bolaños. Una señal de alarma que apremia, una vez más, a llamar a la responsabilidad y al entendimiento entre los partidos vertebradores del país.

La Constitución es hija de un tiempo, y no cabe duda de que contiene títulos susceptibles de modificación y mejora. Pero el PSOE tiene que afrontar cualquier andanza reformista con otros aliados, ineludiblemente con el PP. Y evitar a aquellos partidos que perseveran en su desprecio por la Constitución, el Estado de derecho y la democracia. La lista empieza en la carta.