Que el principal colectivo de presos etarras prometa el fin de los homenajes públicos a sus reclusos es, de entrada, una buena noticia. En un comunicado, el colectivo afirma sentir empatía por las víctimas que puedan sentirse “heridas” por los actos de recibimiento y reclama a “familiares, amigos y compañeros” que las celebraciones se hagan “de modo privado y discreto”.

También dice que su deseo es “aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca”.

No cabe duda de que es un paso importante de los presos de la banda terrorista ETA, responsable de 864 asesinatos, la ruina de miles de familias y la fragmentación de la sociedad vasca. Un avance que satisface una petición mínima de las víctimas: que a la pérdida de sus seres queridos no se añada la humillación que supone la exaltación impune de sus verdugos.

Pero sería un error abandonar la prudencia. El tiempo dirá si nos encontramos ante el cese definitivo de los ongi etorris, igual que hace diez años atestiguamos el cese definitivo de los asesinatos de ETA, o no. También dirá si hay una evolución del mundo aberzale hacia conductas democráticas, autocríticas y respetuosas con las víctimas de su barbarie, o si no esto no es más que un camuflaje transitorio con finalidades veladas.

Pero aunque no podamos saber todavía si el lobo se viste con piel de cordero, resulta evidente que el movimiento del colectivo etarra tiene una importante carga política.

Blanqueamiento

La decisión se produce en un momento de sintonía entre EH Bildu, heredera de la facción política de ETA, y el Gobierno de coalición. Sintonía de la que es prueba el apoyo de los radicales a los Presupuestos Generales del Estado y el acercamiento continuo de presos al País Vasco por parte del Ministerio del Interior.

Por otra parte, que la iniciativa de terminar con los ongi etorris proceda de los propios presos invita a la reflexión. Son ellos, a fin de cuentas, quienes están decidiendo cómo se les homenajea, y no los alcaldes o el Gobierno, que contaba con el respaldo de la Comisión Europea para prohibir “los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme”. Algo que recordaban con frecuencia las asociaciones de víctimas.

El efecto es positivo a corto plazo y, en el mejor de los casos, un síntoma de sensibilidad de los verdugos, además de una victoria moral para los demócratas.

Pero no podemos cerrar los ojos ante los objetivos políticos de una decisión que podría ser poco más que una maniobra maquiavélica destinada a hacer más digerible a EH Bildu para los votantes del PNV, con un posible sorpaso electoral a medio plazo en el País Vasco. Quién sabe, también, si como antesala de movimientos políticos de calado tanto a nivel autonómico como nacional.