El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe responder por sus contradicciones. Durante su etapa como asesor del equipo económico de Mariano Rajoy, en 2011, José Luis Escrivá participó en la redacción de informes en los que aconsejaba "la reducción de cotizaciones” como una medida fundamental para fomentar el empleo y no agrandar el agujero de las pensiones.
Llama la atención que, diez años después y con un asiento en el Consejo de Ministros, Escrivá diga digo donde dijo Diego, y que lo haga en un asunto en el que debería pensar y actuar con parámetros científicos, no ideológicos o partidistas.
Con el apoyo de los sindicatos y de espaldas a los empresarios, el ministro ha aprobado el alza del 0,6% de las cotizaciones de todos los trabajadores para los próximos diez años.
Las patronales se negaron a aceptar el trágala, al considerarlo perjudicial e inefectivo, y renunciaron a participar en una decisión que disparará los costes de los empresarios (cargarán con el 83% de la subida), elevará el desempleo y tendrá como resultado menos trabajadores cotizando. Consecuencias que, durante su etapa como asesor independiente, Escrívá sí tenía presentes.
Intereses
El bandazo del ministro, más allá de la contradicción personal, es una bomba de relojería en un país que trata de salir de la crisis de la pandemia con unos indicadores económicos que contradicen las optimistas perspectivas del Gobierno.
No queremos pensar que el ministro actúa así para evitar tensiones internas con los socios de coalición de Podemos, contrarios a demorar la jubilación o a cálculos de las pensiones que reduzcan su cuantía, como prescribe Bruselas. Pero su posición es desalentadora.
Haría bien Escrivá en recobrar la cordura y recuperar las recetas que defendía en otro momento de crisis, como aquel no tan lejano 2011. No son tiempos de aplicar medidas populistas que comprometen la creación de empleo. Lo que debe primar es la sostenibilidad de las pensiones, no la del Gobierno.
