PSOE y Unidas Podemos alcanzaron ayer martes un acuerdo para la aprobación de la futura Ley de Vivienda. Una ley convertida por los morados en requisito sine qua non para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

De la nueva Ley de Vivienda apenas se han filtrado sus principales líneas de actuación. Pero a falta de conocer la letra pequeña de la nueva normativa, parece seguro decir que esta implicaría, en caso de aprobarse, una intervención estatal del mercado inmobiliario como no se ha visto en España desde la ley franquista de 1964 que consagró los conocidos como "alquileres de renta antigua".

Desde el punto de vista político, la ley, que podría verse sensiblemente retocada durante su tramitación parlamentaria e incluso ser rechazada en el Congreso por el no de PP, PNV, PDeCAT, Ciudadanos, Vox y quizá algún otro partido minoritario, podría tener una menor repercusión de la que desearían Unidas Podemos y ERC. Ese proceso se demoraría año y medio. Habría que sumar otros 18 meses por el periodo de carencia que incluye la norma para la entrada en vigor de los índices de referencia. El Gobierno, además, se reserva la posibilidad de aprobar o no la propuesta de cada comunidad. 

La Ley de Vivienda es el precio, excesivo, que paga Pedro Sánchez a sus socios para la aprobación de los Presupuestos. Porque a cambio del sí de Podemos a unas cuentas públicas de un año de duración se intervendría el mercado del alquiler durante varios años hasta que un gobierno del PP derogara la ley o promulgara una nueva.

Tanto el PP como la CEOE han acusado ya a la ley de "atacar la propiedad privada". Algo que hace prever que su aplicación en las comunidades gobernadas por los populares sería nula o muy limitada. 

Esperanza y experiencia

La Ley de Vivienda pone la esperanza por delante de la experiencia y propone medidas muy similares a aquellas que han fracasado ya en Berlín, donde es fácil ver colas de cientos de ciudadanos para visitar un piso en alquiler, o en Suecia y Noruega, donde un inquilino puede tardar hasta diez años en acceder a un piso. 

Se trata además de medidas muy similares a las que también han fracasado ya en Cataluña, donde los precios de la vivienda han bajado menos que en Madrid. La ley catalana de regulación de los alquileres fue, además, recurrida por el Gobierno en junio de este mismo año, lo que hace aún más incomprensible que la nueva Ley de Vivienda replique algunas de las medidas de la normativa catalana. 

Las consecuencias de la ley son fáciles de prever. La congelación de los alquileres beneficiaría a los inquilinos actuales, pero perjudicaría gravemente a los inquilinos futuros y desincentivaría la reforma de viviendas ahora inhabitables ante la perspectiva de que esa inversión no fuera recuperada jamás. 

El castigo a los grandes tenedores, aquellos que posean más de diez viviendas, haría también que las inversiones huyeran de comunidades como Cataluña y Valencia, donde la ley sería muy probablemente aplicada desde el primer minuto, hacia comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía. 

También el recargo al IBI, que podría llegar a ser de hasta el 150%, dependería en última instancia de las administraciones locales. Es decir, de los ayuntamientos. Así, podría darse el caso de que en una región determinada ni comunidad ni ayuntamiento aplicaran la ley; de que en otra región se aplicara la normativa que depende de la comunidad, pero no la que depende del ayuntamiento (o viceversa); y de que en una tercera región se aplicaran ambas.  

La casuística, en definitiva, es endiablada, lo que hace que la ley parezca más diseñada para no ser aplicada jamás que destinada a resolver el problema del mercado del alquiler. Pero para cuando Podemos se descubra perdido en el embrollo logístico de una ley inaplicable, los Presupuestos de Sánchez ya habrán sido aprobados. 

Las desgravaciones de Zapatero

La nueva Ley de Vivienda afectaría tanto a los grandes propietarios, a los que obligaría a bajar el precio de sus alquileres, como a los pequeños, a los que impediría subirlos. Afectaría a los futuros inquilinos, que se toparían con un parque de viviendas en pésimo estado y a precios prohibitivos. Y afectaría a las inversiones, que huirían, en el mejor de los casos, de las comunidades intervencionistas a las liberales. En el peor, al extranjero. 

Los expertos del sector inmobiliario coinciden en que fue la política de desgravaciones fiscales del gobierno Zapatero a propietarios y a inquilinos la que propició que decenas de miles de viviendas antes inhabitables fueran reformadas por sus dueños. La eliminación de esas desgravaciones para los inquilinos por parte del gobierno Rajoy erradicó esos incentivos y generó un problema allí donde antes había una solución. 

La solución al problema de la vivienda no llegará desde luego con leyes cortoplacistas que distorsionen el mercado ni con atajos legislativos que hagan al sector privado responsable de garantizar el derecho constitucional a la vivienda de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una. 

El resultado de esta ley, que sería aplicada de forma desigual y que provocaría diferencias acusadas entre comunidades, generaría además con el tiempo un segundo problema. El del sentimiento de agravio de aquellas regiones que vieran huir las inversiones y degradarse su parque de viviendas mientras en otras ocurre todo lo contrario. 

Si eso llegara a ocurrir, que no busquen esas comunidades ningún dumping fiscal en Madrid como culpable de sus desdichas. Que le echen un sencillo vistazo a la nueva Ley de Vivienda.