El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros la llamada Ley de Cambio Climático, que deberá debatirse en los próximos meses en el Parlamento. La llegada de la pandemia ralentizó su puesta en marcha.
Se trata de una ambiciosa normativa que pretende que antes de tres décadas las energías en España sean cien por cien renovables, e incorpora medidas para la paulatina reducción de emisiones, en consonancia con las directrices y objetivos que marca la Unión Europea.
Tics dogmáticos
Sus promotores han introducido algunos tics del ecologismo dogmático y medidas que pueden llevar al litigio en materia competencial. Una decisión polémica, por ejemplo, es la de facultar a los gobiernos insulares -Baleares y Canarias- a prohibir ya a partir del año que viene la circulación de turismos y furgonetas.
Se justifica bajo la premisa de que, en tanto que islas, están más expuestas a los cambios en el nivel del mar. Sin embargo, por su propia naturaleza, son territorios con poca contaminación atmosférica. Tras la medida puede adivinarse el intento por dejar la puerta abierta a imposiciones en consonancia con la turismofobia de gobiernos como el balear.
Madrid Central
Otra decisión controvertida es la de recentralizar competencias, un guiño a la izquierda con el que se pretende evitar que las autoridades madrileñas remodelen el proyecto de Madrid Central que dejó Manuela Carmena. Este fue uno de los caballos de batalla de PSOE, Podemos y Más Madrid en las últimas elecciones.
Tanto esa iniciativa como la intención de crear una suerte de formación del espíritu ecologista mediante la introducción de contenidos comunes de medio ambiente en los colegios de todo el país, suenan a broma en un Gobierno que se niega siquiera a plantear que la enseñanza del español esté garantizada en todo el territorio nacional.
La ley puede ser un buen instrumento para mejor la calidad del medio ambiente en España, pero mejor si se hace sin prejuicios ideológicos y atendiendo al interés general.
