Hoy viernes Oriol Pujol Ferrusola va a ser excarcelado por la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario autonómico. Al hacerlo, burlará la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de mantener en prisión al delfín del clan Pujol, condenado por cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Esta juez había decidido devolverle a la cárcel tras considerar improcedente que el Departamento de Justicia de la Generalitat le concediera una suerte de tercer grado después de haber permanecido en prisión sólo 57 días de una pena de dos años y medio. Esto sí que son puertas giratorias.
Despropósito
La realidad es que Oriol Pujol, condenado por el cobro de comisiones ilegales en el caso de las ITV catalanas, está en la calle y esa es la prueba más visible del despropósito de que Cataluña sea la única comunidad española que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria.
La Generalitat de Quim Torra invoca el principio de flexibilidad en la aplicación de la condena para permitir al preso acceder al régimen de libertad, a pesar de estar clasificado en el segundo grado penitenciario. Trata de disfrazar como técnica una cuestión puramente política.
Indultos
La Generalitat usa su potestad -y deslealtad- para convertir una competencia transferida en una herramienta para liberar a sus presos y concederles privilegios: es un escándalo flagrante, y más cuando existe la perspectiva de que se pueda ceder a Cataluña el control sobre la Justicia.
La excarcelación del hijo de Jordi Pujol es un ensayo para lo que los separatistas planean. Torra confía en que el separatismo ni siquiera necesite solicitar el indulto para los cabecillas del golpe separatista: su idea es excarcelarlos en cuanto regresen a las cárceles bajo su jurisdicción. Será el último escándalo.
