Quim Torra comprueba que el radicalismo que tanto ha alentado se ha vuelto en su contra. Como cuenta hoy EL ESPAÑOL, los agentes que conforman la brigada de antidisturbios de los Mossos manifiestan su hartazgo por ser el "parapeto" del presidente en su doble juego, que mientras ejerce de autoridad anima a los CDR a "apretar" con la violencia callejera. 

Esta queja de los mossos llega, además, en plena movilización de los funcionarios de la sanidad, de los universitarios y de los bomberos catalanes, hastiados por los recortes que la Generalitat acumula desde hace ocho años mientras sigue abriendo embajadas. 

Descontento

Tal es la gravedad del descontento, que Torra se ha visto obligado a convocar este jueves una reunión con algunos de sus consejeros para armar una estrategia con la que neutralizar la situación. La excusa de que la culpa de todo la tiene España, ya no cuela. Un estudio del Ministerio de Sanidad revela que otras autonomías infrafinanciadas tienen listas de espera menos largas que Cataluña. 

Quim Torra, que prioriza descaradamente sus quimeras separatistas sobre la gestión, ha prometido ahora aportar 100 millones de euros a la atención primaria para que los médicos de familia desconvoquen sus movilizaciones. Pero sólo es un parche. Hay una evidente atrofia en los servicios públicos catalanes y las huelgas amenazan con paralizar la comunidad.

Río revuelto

En todo este contexto, el Gobierno de Sánchez intenta pescar en el río revuelto del colapso catalán. El Ejecutivo cree que se le abre una oportunidad para que los independentistas apoyen los Presupuestos Generales en una pirueta imposible y en el último minuto. 

Por eso la vicepresidenta Carmen Calvo mantiene negociaciones frenéticas con altos cargos de la Generalitat. Se antoja un empeño estéril, no sólo porque la prioridad de los independentistas ha dejado de ser el dinero y ha pasado a ser la independencia, también porque el principal socio de Sánchez, Pablo Iglesias, ha decidido que la cuenta atrás de la legislatura ha comenzado.