El envalentonamiento del independentismo y su apuesta de máximos tratando de investir a toda costa al prófugo Puigdemont es la prueba del fracaso de la estrategia del Gobierno en Cataluña. Nada de lo que está ocurriendo estaría pasando si no se hubiera permitido que huyera a Bruselas el expresidente de la Generalitat ni se hubieran convocado unas elecciones de forma precipitada sin haber desmontado antes el entramado nacionalista.
Y lo que está ocurriendo es grave. Para tratar de evitar la burla que supondría la investidura telemática de Puigdemont, el Gobierno decide cambiar de criterio de un día para otro e impugna con carácter preventivo el pleno del Parlament. Y aunque el Consejo de Estado le dice que no hay base jurídica para hacerlo, se lía la manta a la cabeza y sigue adelante.
Posible fractura del TC
El partido en el Gobierno, que ha criticado con razón a la Mesa del Parlament por desoír reiteradamente los informes de los letrados de la Cámara, recurre así al mismo argumento que los nacionalistas para ignorar el dictamen del Consejo de Estado: no es vinculante.
Está por ver qué ocurre ahora en el Constitucional. Si inadmite el recurso, la bofetada será tremenda para el Ejecutivo. Pero aun en el caso de que lo admitiera, es muy probable que lo hiciera a costa de fracturar al Tribunal, que hasta ahora ha venido pronunciándose de forma unánime en los asuntos relacionados con el procés.
Coste para el Gobierno
Es verdad que el coste político para el Gobierno de ver cómo el Parlament inviste a un prófugo que hace tres meses estaba declarando la independencia puede ser alto. Pero aún lo puede ser más si para tratar de evitarlo somete a desgaste a las instituciones del Estado. Rajoy se ha metido en un buen lío por sus malas decisiones y ahora intenta a la desesperada que el Constitucional le dé el comodín para ganar la siguiente baza.
