La decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad bajo fianza a Carme Forcadell y a cuatro miembros de la Mesa del Parlament contrasta con las medidas decretadas por la Audiencia Nacional la semana pasada. Entonces, la juez Lamela decretó prisión incondicional para el exvicepresidente catalán Junqueras y para siete exconsejeros del Govern.

A la presidenta del Parlament le bastará ahora con depositar 150.000 euros de fianza para salir de la cárcel y la ANC ya ha anunciado que la entidad los abonará. El resto tendrá que abonar una cantidad inferior y, en un caso, nada.

El Gobierno cruzaba los dedos 

La resolución del juez Llarena supone un respiro para el Gobierno, que ya había presionado en esa dirección y había hecho llegar a los medios de comunicación su interés por que Forcadell y el resto de investigados no entraran en la cárcel. Mientras la presidenta del Parlament declaraba en el Supremo, el ministro Zoido insistía en que el instructor debía tener en cuenta "el contexto y el entorno". El Gobierno -estamos convencidos que equivocadamente- entiende que la medida del Supremo desactivará el victimismo de los separatistas durante la campaña electoral del 21-D.

La completa puesta en libertad de estos diputados del Parlament se produce, por otra parte, en contra de la petición de la Fiscalía, para la que existe riesgo de reiteración delictiva e incluso riesgo de fuga. Es razonable pensarlo, puesto que Puigdemont, con quien Forcadell orquestó la estrategia independentista, se encuentra huido en Bélgica.

La independencia "simbólica"

Forcadell y el resto de investigados del Parlament han manifestado ante el instructor que acatan la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La presidenta aún ha ido más lejos al asegurar que la declaración de independencia sólo tenía "carácter simbólico y declarativo”, lo cual suena ahora a burla. Podría haberlo dicho a su debido tiempo.

Hace sólo tres semanas, cuando el Gobierno anunció que intervendría la autonomía si continuaba adelante el procés, Forcadell aseguró que el Parlament no retrocedería: "No daremos ni un paso atrás", dijo en una declaración institucional leída junto a los otros miembros de la Mesa investigados. Y cabe recordar que todos ellos facilitaron la tramitación de las leyes independentistas pese a los reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional.

¿Rectificación o estrategia legal?

Cabe preguntarse legítimamente si existe una rectificación real por parte de los investigados o estamos ante una simple estrategia legal para eludir la prisión después de haber conducido a España al precipicio.

Respetamos la decisión del juez, aunque no podemos compartirla, por estrictas que sean las medidas impuestas en el auto a los investigados. Quienes infringieron conscientemente y con "contumacia" la ley -según expresión del Constitucional- eluden ahora la cárcel pese a la altísima gravedad de los delitos por los que están siendo investigados y el riesgo de reiteración delictiva y fuga. Y estamos, además, ante una situación que tal vez anticipa lo que puede acabar pasando en los próximos días con Oriol Junqueras y los exconsejeros encarcelados. Ese sería otro golpe más a la justicia.