El Gobierno ha medido cada uno de los pasos de los separatistas con el lógico propósito de contrarrestarlos y evitar males mayores. El problema es que la “proporcionalidad” y la “firmeza” que Rajoy atribuye a la respuesta del Estado ha sido eficaz para desmontar la logística del referéndum, pero no para que el Govern de Carles Puigdemont, Junts pel Sí y los antisistema de la CUP desistan de su carrera hacia el precipicio.

Algunos de los promotores del procés han sido inhabilitados o afrontan multas millonarias e imputaciones graves tras la actuación del poder judicial. La operaciones de la Guardia Civil han permitido incautar millones de papeletas y desarticular las mesas electorales. Los síndicos designados por el Parlament para supervisar el 1-O han tenido que renunciar porque las medidas del Tribunal Constitucional han tenido el efecto esperado. Sin embargo, el bloque rupturista ha encajado cada uno de estos golpes redoblando su amenaza y trasladando la tensión a la calle con ayuda de los antisistema.

Falla la respuesta política

La eficacia de los instrumentos del Estado no ha tenido su correlato en medidas políticas capaces de desactivar a los golpistas. Si el Gobierno pretendía parar el golpe renunciando como premisa a descabezarlo, la realidad le está demostrando que es imposible. Cada vez está más claro que enfrente tiene a unos fanáticos dispuestos a llevar su pulso hasta el final.

Así la cosas, la tensión sigue escalando sin que ninguna actuación parezca definitiva. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dicho este lunes que la detención de Puigdemont es una opción “abierta”, pero el presidente catalán porfía que habrá referéndum y ahí siguen funcionando las webs de la Generalitat en las que se informa sobre el proceso.

Últimos movimienhtos

Por otro lado, mientras, Rajoy recorre las cancillerías en busca de apoyo internacional, la presión para evitar el 1-O se amplía a los responsables de los 3.000 centros de votación, con indicaciones precisas a los Mossos para que identifiquen a los responsables de los colegios electorales y les aperciban.

Nadie sabe a estas alturas si el domingo habrá urnas o una charlotada electoral en Cataluña, pero lo que nadie duda es de que habrá movilización. Es normal que Puigdemont prefiera ser recordado ante los propios como un mártir que aparecer ante todos como un fantasma. Pero precisamente por ello, el Gobierno debería plantearse si puede dejar que alguien así maneje los tiempos.