Conforme pasan las horas, más evidente resulta que la intervención de la logística del 1-O por parte de la Guardia Civil hace casi imposible la celebración del referéndum. Sin embargo, no está sirviendo para reducir la tensión después de que Carles Puigdemont haya anunciado su determinación a seguir adelante y haya llamado a la movilización en las calles junto a los antisistema de la CUP.

Los requerimientos de Mariano Rajoy al presidente de la Generalitat para que ponga fin a la “escalada de radicalidad y desobediencia” y evite así “males mayores” han caído en saco roto. El anuncio del Gobierno de su disposición a dialogar acerca de la mejora de la financiación en Cataluña si se desconvoca el referéndum tampoco ha servido de nada.

Cada vez menos control

Los dos últimos actos de Puigdemont han sido una declaración institucional para asegurar que el 1-O los catalanes votarán y la publicación del mapa de colegios electorales en su cuenta de Twitter. Pero a medida que el conflicto se traslada a la calle, menor control tiene el presidente de la Generalitat de su desenlace.

La concentración multitudinaria ante el TSJ catalán que comenzó este jueves se ha desarrollado, hasta ahora, de forma pacífica, pero el cerco a las Fuerzas de Seguridad y a los catalanes contrarios al procés no hace más que crecer, como prueban las pintadas en el negocio de los padres de Albert Rivera, los ataques a alcaldes y concejales constitucionalistas, y el acoso a padres y alumnos en los centros de enseñanza para que los menores asistan a las manifestaciones.

"La Venezuela de los Pirineos"

Además, existe el riesgo de que la protesta callejera desborde la estrategia de presión por la que apuesta Puigdemont: en manos de la CUP, un partido revolucionario experto en la agitación, Cataluña puede acabar convertida “en la Venezuela de los Pirineos”, como ya avisan en el Gobierno de Rajoy.

De momento, la acción personal de un juez ha frenado el pulso al Estado. Y es verdad que el Estado de Derecho está funcionando: ahí están las multas del Constitucional o las incautaciones de material electoral por parte de la Guardia Civil. Pero todo ello no bastará por sí solo para impedir el 1-O si el Gobierno sigue sin tomar la iniciativa política. Hoy concluye el plazo para activar el 155 antes de la fecha marcada para el referéndum. Si Rajoy sigue actuando como un mero observador, el Estado continuará yendo a remolque de los golpistas.