La decisión de Juana Rivas de no comparecer ante el juez para declarar en la causa abierta contra ella por sustracción de menores se comprende desde el punto de vista humano pero es difícilmente justificable y, lo que es peor, sólo puede contribuir a perjudicar sus intereses. Hoy publicamos en EL ESPAÑOL varias sentencias que acabaron con la condena de madres que se llevaron a los hijos con la intención de separarlos de sus padres. 

La Justicia dictó que Juana Rivas debía entregar los dos hijos a su expareja, un ciudadano italiano, pero decidió huir con ellos. La circunstancia de que el padre tenga una condena por delito de lesiones en el ámbito familiar funda las objeciones de la madre y explica la oleada de simpatía que ha recibido su causa.

La reacción de los políticos

Ahora bien, la lógica sensibilización de la sociedad española ante las agresiones a mujeres no debería haber impedido a los responsables políticos ser más cautos en sus opiniones. Las manifestaciones de Rajoy y de Susana Díaz, entre otros líderes políticos, mostrando abiertamente a Juana Rivas su apoyo, no sólo chocan con la ley, sino que pueden haber contribuido a alentarla en su huida, dándole una falsa sensación de seguridad. Además, al expresarse así las autoridades, ponen a los jueces a los pies de los caballos. 

En el auto en el que el magistrado dictó este martes la detención y puesta a disposición judicial de Rivas se invoca, junto a la obligación de cumplir la legislación, el "superior interés de los menores".

Pacto contra la violencia de género

En el Pacto de Estado contra la violencia de género, los partidos han acordado, lógicamente, que se impida a los hijos de las víctimas convivir con su agresor. Pero habrá que legislar en ese sentido y habrá que hacerlo con cuidado, porque retirar la patria potestad a uno de los progenitores es una medida que exige cautela. Entre tanto, y aun cuando pueda resultar doloroso, no queda otra que aplicar la ley y cumplir las resoluciones judiciales.