Si el viernes pasado Carles Puigdemont sustituía a los consellers críticos con el procés por otros fieles a la causa, este lunes ha dimitido “por motivos políticos” el director de los Mossos d’Esquadra que hace un mes dijo estar dispuesto a detener al presidente de la Generalitat si incumplía la ley.

Hay quien atribuye la salida de Albert Batlle a viejas fricciones con el nuevo conseller de Interior, Joaquín Forn, y quien la achaca a la purga iniciada en la Generalitat. Habrá que aguardar a ver cómo se comporta su sustituto, el ex director general de Servicios Penitenciarios Pere Soler, antes de emitir un juicio definitivo. Pero de lo que no hay duda es de que se trata de una persona muy comprometida con el 1-O: el día de presentación de la ley del referéndum celebró en Twitter la evolución del procés con un elocuente “No lo podrán evitar”.

Voluntarismo del Gobierno

Es lógico que el relevo de Batllé genere inquietud en la Policía autonómica, donde se teme que su nuevo mando decida impartir órdenes incompatibles con la legalidad. No lo es, sin embargo, que el Gobierno siga fundamentando sus llamamientos a la tranquilidad en mero voluntarismo.

Mientras Puigdemont avanza paso a paso hacia su objetivo, el Gobierno lo fía todo a la respuesta de los tribunales y a que el referéndum fracase por sí sólo, en lugar de tratar de impedirlo. El Constitucional y la Fiscalía ya han demostrado que no les tiembla el pulso y actuarán contra quienes desafíen la legalidad.

Una pantomima como el 9-N

No obstante, el Gobierno no puede fiar la resolución del problema a que el 1-O acabe siendo una pantomima de consulta como el 9-N. Tampoco a que el procés se desinfle por el hartazgo de los catalanes ante la deriva cada vez más extremista de sus gobernantes. Esperar sin más a que la radicalidad cada vez mayor del proceso acabe espantando al nacionalismo moderado resulta ingenuo, pues el fanatismo es la gasolina del proyecto de ruptura.

La renuencia de Rajoy a activar el artículo 155 de la Constitución, a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana o a ordenar cualquier medida coercitiva, con el pretexto de “no sobreactuar”, sólo envalentona al secesionismo. El presidente del Gobierno tiene la habilidad de que los problemas siempre le pillan fuera de España. Estaba en Bruselas cuando metieron en la cárcel a Luis Bárcenas; el estallido de la operación Lezo le pilló en Brasil; y este martes, día anunciado para la compra de urnas por Junqueras y Römeva, estará en Lituania pasando revista a las tropas.

Debate en el Congreso

Su habilidad para alejarse de los problemas roza el escapismo, así que es lógico que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el jefe de Podemos, Pablo Iglesias, quieran que el Congreso de los Diputados busque una salida al problema catalán en una comisión o una subcomisión constituida adrede. No coinciden en las soluciones, pero al menos son conscientes de la gravedad de un problema que la inacción de Rajoy contribuirá a enquistar.