Con la aprobación en el Congreso del decreto de la estiba, el Gobierno evita una nueva multa de 24 millones de euros como la que ya tuvo que pagar España por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que en 2014 obligaba a liberalizar el sector. Si la ley que prevé la adaptación de la actividad de carga y descarga en los puertos a la normativa europea llega con cuatro años de retraso ha sido por la falta de diligencia del Ejecutivo y por su incapacidad para poner fin a los privilegios de los estibadores. Además, su aprobación sólo ha sido posible después de pagar un alto precio a nacionalistas catalanes y vascos.
El Gobierno logró el respaldo del PNV tras cerrar el acuerdo sobre el cupo, que prevé la devolución de 1.400 millones de euros al País Vasco y de comprometer importantes inversiones en infraestructuras a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El precio del PDeCAT
Luego el Ejecutivo consiguió que el PDeCAT pasara del no a la abstención tras cederle el control del puerto de Barcelona y al desistir de reclamar a CiU que devolviera los 6,6 millones de euros desviados a este partido desde el Palau de la Música. En este sentido, las críticas de Podemos, que ha atribuido la reforma de la estiba a una componenda entre dos partido corruptos, parecen fundadas.
Que para cumplir con la normativa comunitaria y librarse de la extorsión de los estibadores, Rajoy haya tenido que ceder a las presiones y demandas de los nacionalistas vascos y catalanes es muy preocupante. Tres años después del final del bipartidismo, la gobernabilidad del país vuelve a depender de manera crucial de los nacionalistas.
La formación
Pero es que, además, ni siquiera la extinción de las sociedades de gestión de estibadores contemplada en el decreto permite asegurar que los trabajadores portuarios no seguirán controlando en buena medida las contrataciones. Dependerá de su papel en la formación de los estibadores, cuyos detalles tienen que desarrollarse, y en el periodo de transición de dos años que se ha marcado el Gobierno para asumir plenamente la desregulación del sector.
Los sindicatos de estibadores ya han anunciado que volverán a la huelga en una semana, mientras el ministro de Fomento llama a la negociación con la patronal. Íñigo de la Serna se equivoca al intentar amansar a un colectivo de trabajadores privilegiados que ha hecho de la presión y el chantaje más irresponsables la garantía de sus prebendas. Pero tanto o más al volver a las andadas con los nacionalistas.
