La concesión de un primer permiso extraordinario al irredento jefe de ETA Javier García Gaztelu Txapote para que visite a su padre enfermo y la reciente excarcelación de la arrepentida Sara Majarenas para que viva con su hija de tres años en un piso tutelado ilustran las dos caras de la política penitenciaria frente al terrorismo. Se trata de casos muy distintos aunque equiparables: en ambos la clemencia del Estado, aun siendo ajustada a la legalidad y a cada circunstancia particular, levanta ampollas entre las familias de todos aquellos que jamás podrán ser ni abrazados ni atendidos porque ETA segó sus vidas.

El sanguinario Txapote mató u ordenó matar a Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Fernando Múgica, Gregorio Ordóñez y José Luis López de Lacalle -entre otros- y no ha mostrado arrepentimiento alguno. Duro entre los duros, cumple una condena de 450 años en Huelva por la política de dispersión y sólo saldrá de la cárcel custodiado por la Policía el “tiempo imprescindible” para ver a su padre. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que hace dos meses denegó a Txapote este permiso, ha atendido ahora un recurso del reo en el que aporta un informe forense sobre el estado de salud de su progenitor.

Protesta justificada

Las asociaciones de víctimas piden a la Fiscalía que recurra el permiso extraordinario a Txapote porque no cuenta con un informe favorable de la dirección de la cárcel y porque no se les ha hecho llegar el auto con antelación. En puridad, Txapote se acoge a una medida humanitaria contemplada en el régimen penitenciario de la que pueden beneficiarse todos los presos y es norma habitual del Ministerio Público no recurrir estas medidas extraordinarias.

Sin embargo, este etarra no es un preso al uso, sino un asesino despiadado, así que tan legítimo es que intente aprovecharse de todos las medidas penitenciarias a su alcance como que las víctimas hagan lo posible por evitar que se beneficie de un sentido de la piedad que él nunca tuvo. La posición de las víctimas es absolutamente razonable y debería hacer recapacitar a la Fiscalía.

Violencia doméstica

El caso de Majarenas es bien distinto. Miembro del comando Levante, no fue autora material de ningún crimen y si ha pasado de estar en una celda a disfrutar de una nueva vida en régimen de semilibertad con su hija, a la que lleva al colegio y al parque a diario, es porque mostró “voluntad de desvincularse de ETA” y porque la pequeña fue apuñalada salvajemente por su pareja sentimental mientras ella estaba en prisión. Ambas son víctimas de violencia doméstica y es normal que la Justicia atienda esta circunstancia, pero ya les gustaría a los padres de los 22 niños asesinados por la banda poder disfrutar de sus hijos como lo hace ahora esta arrepentida de ETA.

Las medidas extraordinarias de las que se han beneficiado Txapote y Majarenas pueden tener justificación valoradas una a una; lo mismo puede decirse de las que beneficien a otros presos. Pero consideradas en su conjunto es inevitable pensar no sólo que son discutibles, sino que se corresponden con una creciente insensibilidad para con las víctimas por parte de los políticos y de la sociedad en su conjunto.