El imputado Artur Mas pretendía que el día de su comparecencia ante los jueces para declarar por la consulta del 9-N fuera otra jornada más de esas que los soberanistas marcan como históricas en el calendario. Por eso hizo el recorrido a pie entre el Palau de la Generalitat y la sede del Tribunal Superior de Justicia catalán, para ser aclamado por la multitud y darse un baño de masas.

Valorar las cifras de asistencia en cualquier manifestación resulta siempre muy relativo, pero si tenemos en cuenta que salieron a arroparle alcaldes soberanistas de las cuatro provincias catalanas, el organigrama al completo del Ejecutivo, el personal de la Administración que tiene que estar a buenas con sus actuales rectores, los representantes de una sociedad civil que depende del Presupuesto de la Generalitat y los desplazados en autobuses fletados hasta con gente de Bildu, los en torno a 20.000 participantes que se baraja como cifra más aproximada es una cantidad que está por debajo de las expectativas.

Incluso si hubieran asistido las 40.000 personas contabilizadas por la Guardia Urbana de Colau, habría que considerarlo un fracaso. Hay que tener presente que el acto se había calentado al máximo desde los medios afines, que el propio Gobierno catalán había animado a los funcionarios a cogerse el día libre -con lo que ello supone de intimidación- y que el actual presidente Puigdemont respaldaba la manifestación con su presencia. 

Malestar en la sala

A ese pinchazo en la calle, hay que añadir el que se produjo en la sala de juicios. Mas se puso copetudo después de haber irritado a los jueces, que estuvieron a punto de enviar a los agentes a buscarle por retrasar su comparecencia media hora. Además ejerció su derecho a no responder a las preguntas del Ministerio Público, lo que tampoco sentó nada bien a los fiscales.

Es fácil, en cualquier caso, envalentonarse cuando lo que hay en juego es únicamente una inhabilitación. Lo lógico hubiera sido que Mas se sentara en el banquillo por malversación de fondos públicos, puesto que la consulta se organizó con la inestimable colaboración de la Generalitat que él presidía. Nunca sabremos cuál habría sido su actitud si se arriesgara a ir a la cárcel.

Poca contundencia

Con todo, las explicaciones del imputado Mas contrariaron a sus socios de la CUP, a los que no agradaron algunas de sus justificaciones, como la de que en su proceder "no hubo ningún ánimo de cometer un delito ni de desobedecer a nadie" o que la consulta era poco menos que una encuesta a la población. Los más radicales del movimiento soberanista esperaban mucha mayor contundencia.

Obviamente, Mas incluirá la fecha del 6 de febrero de 2017 como un hito más para su canonización nacionalista. En eso consiste el chovinismo, en ver la realidad propia con lentes aumentadas. Sin embargo hay motivos de sobra para definir la jornada del expresident Mas como de gatillazo en toda regla.