Si el Tribunal Supremo acogiese este lunes los inconcebibles argumentos del magistrado independentista Santiago Vidal contra su suspensión temporal de la carrera judicial, sus embates contra la Constitución quedarían impunes y la capacidad de respuesta del Estado frente al secesionismo se vería puesta en cuestión.
La división de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal sobre el recurso del hoy senador de ERC contra la sanción que le impuso el órgano de gobierno es indicativa de una falta de perspectiva sobre el mayor desafío al que hoy se enfrenta España que sólo puede envalentonar a quienes, empezando por el propio Vidal y siguiendo por Forcadell, Puigdemont y el resto de fontaneros del soberanismo, se aprovechan de su posición y de las leyes para horadar desde dentro el ordenamiento jurídico.
'Constitución catalana'
El caso de Santiago Vidal es paradigmático de hasta qué punto burlar la ley puede salir barato o incluso gratis. Siendo magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona elaboró la 'Constitución de la República Catalana' para dotar de base jurídica el proceso secesionista. Además, ha participado en multitud de actos independentistas en los que ha llamado a la desobediencia civil, ha cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional y se ha pasado por el arco del triunfo la suspensión constitucional de la consulta del 9-N.
Es una broma de mal gusto que Vidal enmarque actuaciones tan graves en su "libertad de expresión", que presente la redacción de la Constitución catalana como un "trabajo intelectual" ajeno a sus obligaciones profesionales y que niegue facultades al CGPJ para controlar sus excesos cuando él mismo se reivindicó como miembro del Poder Judicial para prestigiar su protagonismo en el proceso. Y sería incomprensible -jurídica y socialmente- que estas excusas pudieran encontrar eco en el Supremo cuando el primer deber de todo juez es ser leal a la Constitución que promete o jura acatar.
Tres años
Del mismo modo que no sería comprensible mantener en activo a un policía que se dedica a planear delitos en sus ratos libres, lo sensato hubiera sido apartar a Vidal de la carrera judicial. Ser miembro del Poder Judicial del Estado y, al mismo tiempo, activista contra la Constitución española es incompatible con el más elemental sentido común. Finalmente el CGPJ decidió que una suspensión de tres años era sanción suficiente.
La división del Tribunal Supremo en este asunto, que contrasta con la unanimidad con la que el Tribunal Constitucional hace frente a desafíos del independentismo de mucha mayor envergadura que los esperpentos de Vidal, sólo puede servir de estímulo a la desobediencia. Permitir que la labor de zapa de Vidal contra la Constitución quede impune y tener que indemnizarle además por el tiempo que ha permanecido apartado de su cargo sería difícil de explicar. Tanto como devolver a un zorro a un gallinero.
