Accidente de tren en Urda, Toledo.

Accidente de tren en Urda, Toledo. Ana Beltran Reuters

Columnas LOS PESARES Y LOS DÍAS

Del Estado de obras al Estado de sobras

Bajo el modelo de gobernanza sanchista, hemos pasado del Estado emprendedor al Estado depredador. De la inversión pública al gasto público. Del desarrollismo al clientelismo.

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El letal accidente ferroviario registrado este miércoles ha desnudado, para quien aún permaneciera encaramado al guindo, el reverso de la simonía cleptocrática sanchista, que no es otro que la incompetencia criminal.

A diferencia de lo sucedido en los anteriores colapsos atribuibles al Gobierno, esta vez la "investigación" de las autoridades no se ha difuminado entre las brumas de los arcanos burocráticos: el choque de trenes se debió a un "error humano".

Y, en efecto, la causa inmediata del accidente cabe encontrarla en un fallo del operario del Centro de Control de Atocha.

Pero los sistemas protocolizados de seguridad existen precisamente para que el funcionamiento de la maquinaria estatal no quede al albur de la discrecionalidad falible de una de sus piezas.

El tecnodespotismo iletrado sanchista ha invocado siempre como eximente de su impericia la complejidad técnica de los tozudos procedimientos administrativos.

Pero, al mínimo revés, hete aquí que el funcionamiento de una red de alta tecnología descansa únicamente sobre el tino de una sola persona a la hora de presionar un botón.

El Gobierno sí ha echado mano de la abstracción narrativa, en cambio, para difuminar las responsabilidades, praxis en la que se ha demostrado campeón olímpico a lo largo de estos años.

"No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año", ha admitido el presidente.

Estamos ante la misma paráfrasis de dilución impersonal que la divulgada por Moncloa en negligencias previas para ventilar la rendición de cuentas con la mera declaración retórica de la misma.

El expediente de la fiscalización cívica queda así cumplido con el simple verbalizar que uno "se hace cargo" de que "se han cometido errores", sin efectuar lo que esto implica lógicamente: asumir responsabilidad por ellos.

Una vez más, la funesta tragedia, los hados crueles de la calamidad, se ceban con España, a la manera de un fenómeno meteorológico o una maldición algorítmica.

"Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad", recordemos que dijo el ministro del Interior sobre la invasión híbrida de Marruecos.

Pero ¿acaso las normativas vigentes dimanan directamente de la ley natural inscrita en nuestros corazones?

Sobre esta dialéctica entre lo humano y lo inhumano, entre la cautela científica de los oraculares "expertos" y el apremio partidista por encalomarle la culpa a un hombre de todo un fallo multiorgánico, se asienta el disfraz técnico de la política que ha servido de carta de impunidad a las insolvencias gestoras del Ejecutivo.

La catástrofe culposa de Toledo constituye el último e insoportable derrumbe que pone al descubierto la silenciosa carcoma que ha amparado el modelo de gobernanza de Pedro Sánchez.

El apagón, la dana, Adamuz o Urda demuestran los efectos últimos del simulacro que ha reducido la política a la pura comunicación política.

Es un luctuoso recordatorio de que la cooptación clientelar de las instituciones, la okupación de todas las parcelas de la Administración por comisarios políticos y la consiguiente desprofesionalización de la función pública tiene consecuencias tangibles.

De que un modelo económico cimentado en atiborrar las infraestructuras sin actualizarlas obliga a alimentar la caldera con más madera procedente del desguace de las propias dotaciones.

Y es asimismo la constatación de que la corrupción no es inocua.

En su propaganda panegírica, Pedro Sánchez quiso hacernos creer que su doctrina política bebía de las tesis del "Estado emprendedor", la teoría de la economista Mariana Mazzucato que otorga al sector público el rol de un actor innovador y dinamizador de la economía.

Pero ha quedado patente que la doctrina de Sánchez encaja más bien con la del Estado depredador. El aparato electoral socialista ha puesto los recursos públicos al servicio de su propia manutención, lo que ha redundado en la destinación del grueso de los mismos a gastos corrientes como el pago de las pensiones o la compra de voluntades vía subvenciones.

La ausencia del debido mantenimiento de las infraestructuras es el correlato del mantenimiento de nuestro obeso y mostrenco Leviatán extractivo.

El sanchismo epitomiza así la involución que supone priorizar "las cosas de la política" sobre la "política de las cosas", según escribiera Gonzalo Fernández de la Mora.

A dicho pensador y exministro le debemos precisamente la idea del "Estado de obras": la tesis de que la legitimidad de un régimen político descansa sobre su eficacia para proveer un bienestar equitativo a sus ciudadanos.

La medida con la que ha de juzgarse a la política debiera ser su competencia para modernizar el país, elevar el nivel de vida y resolver los problemas reales de la gente.

El Gobierno de Sánchez representa la antítesis de este criterio: una borrachera retórica de eslóganes ideológicos en defensa de los "derechos sociales" que no se ha traducido en ninguna repercusión real, y una cháchara grandilocuente sobre el "progreso" que no ha comportado ningún progreso material

Hemos pasado del Estado promotor al Estado asistencial. De la inversión pública al gasto público. Del desarrollismo al clientelismo. Del Estado de obras al Estado de sobras.