Maricarmen, la noche de su desahucio.
Maricarmen y el riesgo moral de la excepcionalidad
La política debería garantizar que cualquiera pueda alquilar una vivienda sin necesitar una acampada, un alcalde o un telediario.
Lo miremos por donde lo miremos, el de Maricarmen es un caso excepcional: 87 años, 71 años en la misma vivienda, una pensión decente y una historia contractual y judicial nada común.
Sí, Maricarmen podrá volver a su casa. Tras horas de negociación en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, sus representantes y la propiedad alcanzaron un acuerdo. Un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. Ella, que permanece ingresada, ya ha dado su conformidad.
Que una institución pública como el Ayuntamiento de Madrid facilite una solución para una persona en estas circunstancias puede ser perfectamente razonable. Lo que no sería razonable es convertir la emoción legítima que provoca un caso excepcional en el diseño general de un mercado.
Creo que es muy valiosa la lección que ha dado el alcalde de Madrid intermediando para zanjar este episodio tan bochornoso de manipulación y agitación, porque ha puesto sobre la mesa la cuestión clave: efectivamente, pagar de alquiler más de un 30% de tu salario es injustificable.
En consecuencia, tiene que haber la suficiente oferta de viviendas con un precio de alquiler acorde a este criterio para dar respuesta a un país donde el sueldo más frecuente ya es menor que el salario mínimo.
Para que exista esa oferta, no queda otra que construir y construir, rehabilitar y rehabilitar, aboliendo obstáculos administrativos y poniendo a disposición suelo público para construir viviendas públicas de alquiler asequible que sean para siempre públicas.
Y la administración instrumental para esto es la local.
Maricarmen poco antes de su desahucio.
Almeida no evitó el desalojo del miércoles, que ejecutaba una sentencia firme, ni este acuerdo convierte la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid en un modelo. Lo que sí hizo fue activar, después de descartar otras vías, el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS y sentar a las partes. La propiedad aceptó una renta muy inferior a la de mercado y se alcanzó una solución que la vía judicial no había producido.
Una actuación institucional concreta puede ser acertada sin que eso obligue a compartir el marco político de quien la protagoniza. Sería saludable recuperar esta elemental capacidad de reconocer los aciertos del adversario sin convertirlos en adhesiones partidistas.
Pero, precisamente porque el caso se ha resuelto, podemos permitirnos hacer la pregunta importante. ¿Qué hacemos con el riesgo moral que conlleva la excepcionalidad?
Si aceptamos que ese 30% constituye la referencia de esfuerzo razonable para acceder a una vivienda (así lo es también para los bancos a la hora de conceder una hipoteca), la pregunta política no puede limitarse a cómo conseguimos que cueste menos lo que ya existe. Tiene que ser otra. ¿Cómo conseguimos que exista suficiente oferta para que pueda alquilarse de acuerdo a ese criterio?
El Banco de España estima en unas 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025. En 2025 se formaron alrededor de 240.000 hogares y se terminaron unas 92.000 viviendas. La gigantesca brecha no deja de crecer, porque el desequilibrio no es ideológico, es aritmético. Cuando la demanda crece mucho más deprisa que la oferta, ninguna declaración política puede abolir las consecuencias.
La vivienda asequible no aparece por ensalmo ni porque un decreto la declare asequible. Hace falta suelo, planeamiento, licencias, financiación, construcción y seguridad jurídica. Hace falta levantar un parque público de alquiler suficientemente amplio y permanente, de modo que la vivienda construida con recursos públicos no vuelva a salir del parque público cuando cambie el ciclo político.
Y hace falta que las administraciones que tienen capacidad real para hacer posible todo eso (muy especialmente los ayuntamientos) asuman su responsabilidad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
La administración municipal que puede sentar a un propietario y a una inquilina también puede movilizar suelo, modificar un planeamiento, conceder una licencia y construir vivienda pública.
Desde luego, lo que ya se ha comprobado que no sirve es regular sin ton ni son. Las reglas también producen desincentivos.
FEDEA ha estudiado los efectos de la regulación de los alquileres en Cataluña y la conclusión es incómoda. La limitación de precios moderó su crecimiento, pero también se produjo una caída significativa de la oferta anunciada, del 22,2% en Barcelona y del 20,5% en Cataluña, mientras aumentaba en Madrid.
La evidencia no permite reducir una cuestión tan compleja a una sola relación causal, pero sí obliga a incorporar una variable que a menudo desaparece del debate: proteger al inquilino actual no puede hacerse ignorando al futuro inquilino.
Y no, no se trata de escoger entre propietario e inquilino. Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para que ninguno de los dos quede atrapado en una relación de recelosa escasez.
Tras ocho años de desidia y una semana de arrebatada excepcionalidad y negociaciones al límite con sus socios, el Gobierno ha aprobado dos reales decretos-ley y ha pedido al Congreso un pleno extraordinario este viernes para convalidarlos.
El primer decreto amplía hasta 2030 determinadas medidas de protección frente a desahucios, prorroga dos años algunos contratos que venzan antes de finales de 2028, regula los alquileres de temporada y por habitaciones y establece durante dos años la prohibición de determinadas compras de vivienda por los llamados "fondos buitre" (ojalá sepamos un día qué y quiénes son exactamente).
El segundo decreto incorpora la renovación automática de contratos, una de las principales exigencias de Sumar. La convalidación seguirá pendiente hasta el viernes, y Junts ya ha expresado reservas sobre el paquete.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Míriam Nogueras, portavoz de Junts, reunidos en Moncloa.
Lo significativo no es sólo lo que entra en los decretos. También, aún más, lo que queda fuera.
La reforma de la Ley del Suelo, precisamente la pieza destinada a facilitar y acelerar la construcción, ha quedado fuera del acuerdo, y resulta difícil no reparar en la contradicción. El diagnóstico del déficit de oferta está cada vez más claro, pero la respuesta política sigue concentrándose preferentemente en regular las relaciones sobre las viviendas que ya existen.
No hace falta atribuir intenciones a nadie para preguntarse por qué hacía falta este caso individual excepcional, y no ninguno de los miles de desahucios precedentes, para obligar a discutir un problema que lleva años perfectamente identificado, y que afecta profundamente a millones de jóvenes condenados a la dependencia y a la imposibilidad de hacer una vida autónoma y plena.
La urgencia mediática premia los anuncios. Una política pública de vivienda exige, insisto, algo bastante menos espectacular: suelo público, licencias, colaboración público-privada, agilidad urbanística y seguridad jurídica.
Y tiempo, porque no hay ni puede haber una solución inmediata. Precisamente por eso es una política pública.
Maricarmen vuelve a casa porque, esta vez, alguien consiguió que las partes se sentaran a negociar. Pero que nos sirva también para recordar que una solución excepcional no puede sustituir a una política estructural.
Maricarmen no es una política pública. La política pública debería garantizar que cualquier ciudadano español pueda alquilar una vivienda asequible sin necesitar ni una sentencia, ni una acampada. Ni un ministro, ni un alcalde, ni un telediario.
