Un joven tutelado frente a la puerta de un centro de menores.
Lo que el Estado hace con los menores tutelados cuando nadie mira
¿Qué hace ahora mismo el Estado con el eslabón más débil de la cadena, que son los menores de edad tutelados? Fracasar.
Hay una cita, atribuida a John Wooden, legendario entrenador de baloncesto estadounidense, que dice: “Lo que verdaderamente prueba el carácter de un hombre es lo que hace cuando nadie lo está observando”.
Y pienso en lo apropiado que es esto como termómetro de los Estados que dicen de sí mismos que son Estados de bienestar, que protegen a los vulnerables, que recaudan impuestos invocando su deber de preservar la dignidad de los más indefensos.
Cómo un Estado trata a su eslabón más débil, qué es lo que hace cuando sabe que nadie le pedirá cuentas, es lo que verdaderamente revela a quién protege y a quién abandona.
¿Cómo termina un niño de cuatro años siendo agredido sexualmente en un centro de menores tutelados por otro interno de dieciséis? ¿Cómo ha acabado ahí? ¿Por qué compartía un niño tan pequeño un centro con adolescentes?
Dicen que los servicios sociales le habían dicho a la madre que “nadie quiere ni espera que ocurran estas cosas, pero a veces ocurren". Un encogimiento de hombros, no dudo que con intención empática, muy hipócrita.
Porque claro que nadie quiere que pasen. Pero uno mira el panorama español y huele a problema estructural.
Un coche de la Policía Nacional frente al edificio en el que Abdelrafia quemó a la menor tutelada por el gobierno canario.
Huele en la Operación Sana, que desarticuló una red que captaba a menores tuteladas por la Comunidad de Madrid como repartidoras de droga y las enganchaba con cocaína y crack para luego prostituirlas en narcopisos de Madrid.
Huele en Mallorca, donde al menos dieciséis menores tuteladas fueron prostituidas tras fugarse de centros.
Huele en Navarra, donde, desde 2019, cuarenta y nueve menores tutelados por el Gobierno de Navarra han denunciado abusos sexuales dentro y fuera de los centros.
Huele en Valencia, donde el Síndic de Greuges recogió 175 casos de menores que sufrieron abusos sexuales bajo la tutela de la Generalitat entre 2020 y 2021.
Huele en Cataluña, donde trabajadores sociales ratificaron ante la Oficina Antifraude que entre 2016 y 2024 se detectaron 168 millones de euros en pagos fraudulentos por parte de la Generalitat a entidades que debían custodiar menores tutelados.
Y siempre hay una explicación para todo.
Que los menores no son presos y que no se puede controlar lo que hacen en su tiempo libre.
Que no se investiga para no instrumentalizar políticamente.
O, en el caso de la Comunidad de Madrid, que oye, peores casos hay en otras comunidades.
Y da igual que en Mallorca trabajadoras sociales y policía llevaran alertando desde 2019 de la existencia de riesgo de explotación sexual.
Y da igual que los trabajadores de los centros lleven años pidiendo refuerzo para poder detectar los casos, para atender mejor las necesidades de los menores, para poder prevenir las desgracias en lugar de gestionar los escándalos.
Y da igual que, ya en 2017, UNICEF alertara, después de más de trescientas entrevistas, de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas que investigó.
Empieza a resultar muy familiar esto de los avisos que no son atendidos. Como los maquinistas antes de la tragedia de Adamuz, como los avisos antes de la dana.
Sorprende que no se den explicaciones de estas tragedias cuando hemos dejado sin investigar la gestión de la responsabilidad más delicada que el Estado puede asumir, que es la de un menor de edad.
Dos jóvenes tutelados en una casa de acogida.
El sistema de tutela de los menores acumula todas las enfermedades que puede padecer un sistema público:
1. Convertir en negocio los sistemas de protección.
2. La disolución de responsabilidades que se producen cuando ayuntamientos, Gobierno y autonomías se señalan mutuamente.
3. La escasez de recursos y personal formado que se necesita para dar respuesta a un problema complejo (sólo que esta vez no hablamos de raíles de vías, sino de niños).
4. La desidia respecto a las políticas para las que no hay foto ni ceremonia de inauguración.
5. Y la peor de todas: el sentimiento de impunidad.
Porque quien sale perjudicado tiene muy poca capacidad de reclamar. No hay nadie que fiscalice esta gestión, no hay quien pida los datos, los nombres, las cifras reales de afectados.
El sistema de tutela es el resultado de lo que nuestros servicios públicos hacen o dejan de hacer cuando nadie mira. Si queremos medir, no midamos por lo que se promete en nombre de los niños, sino por lo que se hace fuera de los focos para protegerlos.
¿Qué hace ahora mismo el Estado con el eslabón más débil de la cadena?
Fracasar.
