Voluntarios tras la Dana.
El delirio de la campaña del Gobierno con la excusa de la Dana
Para los damnificados de la Dana, burocracia eterna. Para la propaganda gubernamental, diligencia exprés.
Aunque parezca una eternidad, fue hace poco más de un año cuando nuestro presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados su Plan de Calidad Democrática, fruto de su período de reflexión de abril de 2024.
Sánchez concluyó durante ese período de reflexión que su misión irrenunciable era combatir los seudomedios, los bulos y la desinformación, y para ello proclamó con solemnidad en sede parlamentaria que lo esencial era limitar la financiación pública a los medios, garantizar la objetividad y acabar con los abusos en la publicidad institucional.
Un par de meses después, lo redenominó Plan de Acción para la Democracia, dijo que era lo que Europa mandaba y que blindaría nuestra vida pública frente a la opacidad y el clientelismo.
En realidad, como sospechábamos, se trataba del enésimo artificio que la realidad acelerada de este año dislocado dejaría muy pronto al desnudo.
Pero hay un último episodio relacionado con esta cuestión que resulta más obsceno de lo habitual.
El gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial, acaba de adjudicar 2,85 millones de euros (producción aparte) para una campaña institucional que ha titulado jubilosamente Reconstruyendo juntos: respuesta y recuperación frente a la Dana.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, atiende a la prensa a su entrada al Consejo Europeo de Copenhague.
Se trata de una campaña para celebrar los logros del gobierno a este respecto. Nada menos.
Y, sin rubor, coincidiendo con el aniversario de la catástrofe.
Probablemente quieran dar altavoz a lo que el ministro Ángel Víctor Torres contó hace unos días a alcaldes y alcaldesas de los pueblos afectados: que se iba a poner en marcha “un visor web para conocer los avances de las acciones y ayudas del gobierno de España”.
Ese visor permitirá ver municipio a municipio los millones y millones y miles de millones de inversión que el Gobierno ha movilizado o va a movilizar.
Es decir, otro ejercicio de carísima inanidad.
En esta ocasión, a mi parecer, especialmente cruel. Tres milloncejos para vestir de épica digital una tragedia cuyas heridas siguen muy abiertas.
Tres milloncejos para spots, cuñas, anuncios en prensa y banners digitales que proclamen una reconstrucción que no existe, que apenas asoma en las vidas de quienes lo perdieron todo.
Tres milloncejos para mantener tenso el cable de un Ejecutivo funambulista mientras las víctimas esperan reparación y justicia.
Es posible que sigan sin darse cuenta de que la Dana del 29 de octubre de 2024 no fue un titular, un inconveniente o un mal trago. Fue devastación, y la vivimos en directo: quienes la sufrían y quienes asistíamos aterrados a lo que no podíamos creer.
229 muertos. Pueblos enteros arrasados, familias suspendidas en el tiempo y la nada.
Una mujer limpia los estragos dejados por la dana en Utiel, Valencia. Europa Press
Un año después, centenares de negocios siguen sin abrir, empresas arruinadas aguardan unas ayudas que nunca llegan y cientos de niños han empezado un nuevo curso en los mismos barracones de la emergencia.
Pero vamos a hacer una campaña de aniversario sobre la “reconstrucción conjunta”. Saldremos más fuertes, la resiliencia y el cambio climático y tal. "¿Qué son tres millones de euros con tantos miles de millones que hace falta invertir?", nos dirá el ejército de asesores sin nombre ni oficio conocido.
Pues miren, a las víctimas se les prometió liquidez inmediata, ayudas directas y préstamos blandos. Pero el propio Gobierno reconoce que aún están sin resolver 130.000 solicitudes de ayuda, un 30% del total.
Y, sin embargo, esta campaña, tan innecesaria como insultante, dispone de dinero fresco en cuestión de semanas. No estaba contemplada en el Plan Anual de Publicidad Institucional del Gobierno para 2025 y, por tanto, ha tenido que tramitarse con excepcionalidad y un montón de (complacidas) aprobaciones intermedias.
Para los damnificados, burocracia eterna. Para la propaganda, diligencia exprés.
La corrupción no siempre adopta la forma grosera de una mordida. A veces se disfraza de institucionalidad y se consuma en la opacidad de los despachos.
La publicidad institucional es y ha sido siempre una de las versiones más lucidas y sofisticadas de ello. Vertebra un esquema clientelar en el que los medios incluidos en esos planes (aquellos que reciben grandes cantidades de publicidad institucional) están ligados a la supervivencia económica de ese circuito.
Eso da un poder asimétrico tremendo. Si eres un medio crítico o incómodo, te pueden dejar fuera. Si eres un medio afín, entras en los grandes contratos.
La cuestión es que, si combinas la soberbia con la ignorancia, el escenario es descarado. ¡Pero si la afinidad política ya figura sin rebozo en algunos pliegos de concurso!
El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha denunciado que este diario ha visto desaparecer el 80% de la publicidad institucional del Ejecutivo tras las investigaciones sobre los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno. Y eso a pesar de encabezar las mediciones de audiencia oficiales y mientras otros medios siguen recibiendo flujos constantes.
En esas estamos. Adjudicaciones millonarias, planes de medios distribuidos a conveniencia, un par de agencias privilegiadas que concentran la mitad del pastel de la publicidad estatal…
Un oligopolio mediático que, lejos de garantizar pluralidad, refuerza la dependencia entre el poder político y los altavoces que difunden su relato. Clientelismo de alta gama, al fin y al cabo.
Con todo, hay un detalle adicional que, por iluminador, hace aún más amenazante lo iluminado. El Gobierno de España planea gastar 1,3 millones de euros en evaluar sus propias campañas institucionales mediante compañías externas, alegando que no dispone de personal interno capacitado para valorar la eficacia de lo que contrata.
¿Con qué indicadores? ¿Quién elegirá al auditor? ¿Quién auditará al auditor? ¿Se harán públicos informes detallados del coste por medio, por territorio, por impacto real? ¿Habrá comparativas con zonas no publicitadas?
Permítanme que lo dude.
No, las campañas de publicidad institucional nunca han sido ni serán inocentes. Y tienen, además, una estructura formal de legitimación: la Administración habla y el ciudadano escucha.
Pero cuando el administrado ha sido abandonado a su suerte en medio de una pesadilla y pretendes contarle que en realidad has hecho un montón de cosas por su bien y que ya le llegará su turno, esa legitimidad se deshace entre los dedos. Como barro seco.
