Un jubilado en un banco.

Un jubilado en un banco. Eduardo Parra Europa Press

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España no será viable sin equilibrio intergeneracional

Aunque somos uno de los países más envejecidos del mundo, nuestro gasto público está cada vez más concentrado en los mayores, mientras se deterioran las posibilidades de los jóvenes.

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Uno de los más profundos dilemas de carácter moral y estructural ante los que se encuentra España es el hecho de que la pensión media de los nuevos jubilados ya supera al salario mediano (es decir, el que cobra la mitad de los españoles).

Somos un país en el que los sueldos se han estancado o retrocedido de tal manera que el salario mínimo ha pasado a ser prácticamente el salario medio. Y la pensión media, un sueldazo seguro de por vida que consume el presupuesto social del Estado con una voracidad imparable.

Se trata de una distorsión inaceptable, que plantea no solo un reto económico, sino un grave dilema moral y estructural:

¿Hasta cuándo permitiremos que se erosione el sistema de pensiones, ese baluarte de solidaridad entre generaciones que tanto ha definido nuestra identidad democrática?

Cuando la reciprocidad falla, se quebranta el pacto intergeneracional y con él, la confianza en la democracia social.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ricardo Rubio / Europa Press

Como sostiene José Ignacio Conde-Ruiz en La juventud atracada, los jóvenes no están siendo maliciosos: están esforzándose. Pero las reglas del juego los excluyen.

El electorado envejecido impone una agenda pública que prioriza pensiones y deja en desventaja las políticas de futuro. Su acceso a empleo digno, vivienda, salud mental y formación competitiva se ve limitado, mientras pagan cotizaciones crecientes que apenas financian un sistema en vías de ruptura.

Si las nuevas (crecientes) pensiones superan los salarios activos mientras las condiciones materiales de los jóvenes siguen estancadas, es lógico que estos se pregunten:

¿Por qué habríamos de sostener un sistema público que ni nos sostiene a nosotros ni garantiza nuestro futuro?

Varios países europeos enfrentan similares retos demográficos, pero adoptan respuestas estructurales.

En los países nórdicos, por ejemplo, el diseño de pensiones mixtas (reparto más contribución) y la participación juvenil activa en política pública han fortalecido la equidad intergeneracional.

Además, el Pacto Verde Europeo y el Pilar Social fomentan inversión en empleo juvenil, formación continua y protección social sostenida.

Y el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea advierte de que, sin reformas estructurales, las pensiones no dejan de acaparar más y más recursos, sacrificando educación, sanidad preventiva e innovación.

España debería estar haciendo lo propio hace mucho. Porque ser europeos también nos obliga a pensar en las siguientes generaciones de ese proyecto y espacio común al que pertenecemos.

Sin embargo, a pesar de que seremos uno de los países más envejecidos del mundo en 2050, nuestra tarta del gasto público está cada vez más concentrada en los mayores, mientras se deterioran las posibilidades de futuro de los jóvenes.

Las mecánicas perversas de la hipoteca electoral de nuestros sucesivos gobiernos marca profundamente este comportamiento esclerotizado.

Los ciudadanos de más edad votan masivamente, defienden ampliar pensiones y bloquean impuestos que financien el sistema. De este modo, el déficit se financia vía deuda y la factura se transfiere a quienes ni siquiera han comenzado a construir su camino.

Este es un buen momento para desplegar nuestra forma de ser —creativos, solidarios, resilientes— como una ventaja competitiva de país. Somos necesarios en Europa, no sólo como consumidores de fondos, sino como líderes de políticas generacionales audaces.

Somos una nación que sabe construir vínculos, impulsar solidaridad, avanzar con justicia.

El camino pasa por adoptar medidas concretas, viables, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida o diversificar las fuentes de financiación de las pensiones. Además de dinamizar el mercado laboral para que los jóvenes puedan tener trayectorias profesionales estables y mejor remuneradas.

Y, por supuesto, revisar el modelo de fiscalidad.

Alguna vez he escrito que la dignidad es no renunciar a lo que somos ni a lo que podemos ser. Hoy, nuestro contrato intergeneracional es un contrato de dignidad y competitividad que exige valentía para construir una misma visión.

No podemos permitir que un sistema económico y político se sostenga a costa de dinamitar el futuro de quienes sostienen hoy el presente, ni que se desmorone por cobardía o incompetencia.

Debemos entender y aceptar todos que reformar el sistema de pensiones no es un sacrificio, sino una inversión colectiva en cohesión y confianza mutua.

Garantizar la sostenibilidad de este sistema es una prueba de madurez democrática, y España debe mirar a Europa para acometer con valentía los cambios urgentes y necesarios que posibiliten una prosperidad compartida.

Ni la política debe someterse al relato generacional, ni el interés común puede estar atado a etiquetas.

Recuperar el espíritu de una democracia sin bandos generacionales es la clave para asegurar pensiones justas, empleos dignos y un proyecto de país que ilusione de nuevo. Hacerlo con coraje, visión y equidad es el único modo de que España vuelva a ser un país en el que nacer joven no sea una condena, sino una promesa de futuro.

La única manera de que la competitividad de nuestro país se mida no por lo que heredamos, sino por lo que somos capaces de crear juntos, sin hipotecarlo por miedo al presente.