Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Europa Press
Pirómanos con sueldo público en un país disfuncional
Aun con el corazón arrasado por la destrucción, la pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Por qué nada funciona en España hoy?
Creíamos haberlo visto todo con el criminal abandono institucional de las víctimas de la DANA, con más de doscientos muertos y municipios enteros bajo el agua sin un plan de evacuación eficaz.
Pensamos que el colapso nacional motivado por el apagón, con millones de españoles sumidos en la impotencia y el caos, y aún sin explicaciones, era insuperable.
Sin embargo, nunca como hoy los españoles habíamos tenido la certeza tan dolorosa de vivir en un país disfuncional, con los incendios que consumen nuestro país este verano y la negligencia, incompetencia y completa irresponsabilidad personal y política de quienes nos gobiernan.
En medio mes de agosto han ardido 115.000 hectáreas y han muerto tres personas. Hay miles de evacuados y treinta detenidos sospechosos de provocar fuegos.
La última gran campaña en TV contra el fuego se hizo en 2014. En los últimos quince años, la inversión pública en prevención de incendios no ha dejado de caer, hasta verse reducida a menos de la mitad de lo que era.
Europa revela que España invierte quinientos millones menos que Grecia y Portugal en la lucha contra los incendios. Todo ello, a pesar de que el número, frecuencia y gravedad de los incendios no ha dejado de crecer.
¿Cómo puede ser?
La única conclusión posible es que tenemos un sistema político demente, perdido en su irrealidad. Incapaz de reaccionar, sometido a sus propias reglas perversas de inacción, fotos y declaraciones insultantes. Una secta de pirómanos con poder, que mantienen el sueldo precisamente por el fuego destructor que generan.
Aceptamos que haya bestias, cobardes y diletantes ejerciendo de ministros.
Consentimos que presidentes de comunidades autónomas arrastren los pies para dejar sus hamacas y plantarse junto a los ciudadanos que están viendo toda su vida reducida a cenizas.
Y aun van como si hicieran un favor.
Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Murcia, Asturias, Extremadura… Toda España arde, la azul y la roja. El mismo patrón: visitas rápidas, declaraciones estandarizadas. Peloteo de competencias. Que si tuya que si mía. Que si un poquito de preemergencia, que si te mando dos aviones europeos. Que si te toca la UME, como si fuera un recurso inacabable, pero no te pases de autonómico.
Toleramos que el presidente del Gobierno de España se esconda en un palacio fortificado, consumiéndose sin remedio entre cenizas volcánicas, pero sin decir palabra. Ya ha convertido la distancia, la ausencia y el silencio en hábito, como si fuera un estilo de gobierno y no una tara inaceptable en una democracia del siglo XXI.
Un prado arrasado por el fuego. EFE
No obstante, aun con el corazón arrasado por la destrucción, la pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Por qué nada funciona en España hoy?
La respuesta es tan incómoda como evidente. Porque no hay consecuencias para la incompetencia, y porque el cargo público se ha convertido en un botín, y no en una responsabilidad.
España es hoy un país disfuncional en comparación con sus socios europeos porque carece de controles y garantías reales sobre el ejercicio del poder. Las tres administraciones (central, autonómica y local) operan con opacidad y escasos mecanismos de fiscalización.
La burocracia sigue anclada en procedimientos antiguos y clientelares, diseñados más para preservar cuotas de poder que para servir al ciudadano.
Esta estructura alimenta una corrupción cronificada, difícil de erradicar porque está integrada en el propio sistema de relaciones políticas y económicas.
![La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, informa de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOECyL](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/12\/actualidad\/1003743883614_257935625_320x180.jpg"])
La igualdad ante la ley está erosionada por el uso masivo de aforamientos, que blindan a miles de cargos frente a la justicia ordinaria.
Y las políticas públicas se aplican sin evaluación seria de resultados, lo que impide corregir errores y perpetúa ineficiencias que en otros países serían inaceptables.
La disfuncionalidad se extiende a todos los niveles, miremos donde miremos. Por supuesto, tenemos ahora muy presente que la política medioambiental carece de una operativa de prevención real: no se limpian montes, no se refuerzan equipos, no hay inversión suficiente en infraestructuras contra incendios.
Que la gestión del agua es ineficaz, con embalses sin mantenimiento, regadíos insostenibles y agricultores abandonados a su suerte.
También que las infraestructuras sufren abandono (carreteras sin reparar, arcenes invadidos por maleza, líneas ferroviarias que acumulan averías y retrasos).
Pero es que, además, la sanidad pública afronta un déficit crónico de médicos, hospitales obsoletos, temperaturas inaceptables en verano y listas de espera que crecen cada mes.
El reparto de menores no acompañados se ha convertido en una negociación permanente entre comunidades, con criterios cambiantes y sin un plan nacional estable.
Y podemos hablar de la vivienda, la energía, el transporte, la educación o la justicia.
Lo vivimos cada día.
Los fondos europeos NextGeneration, que debían modernizar el país, se han fragmentado en proyectos propagandísticos y poco útiles, sin cumplir plenamente las exigencias de Bruselas.
Pero los problemas se acumulan porque la rendición de cuentas no existe. Ningún cargo público pierde su puesto por una gestión deficiente. Los informes de evaluación, cuando existen, se guardan en un cajón. Los compromisos se olvidan en cuanto desaparecen de las portadas.
Este país necesita una cultura política que ponga la obligación por encima de la conveniencia, que exija estar sobre el terreno en la crisis, actuar con rapidez y cumplir lo prometido.
Y eso no ocurrirá si la ciudadanía sigue dejando pasar la negligencia como algo inevitable, limitando su poder legítimo a votar cuando toca y a conformarse con comunicados oficiales.
El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habla por teléfono durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. Europa Press
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos?
Podemos recuperar el poder de la acción cívica.
Por ejemplo, exigir que las administraciones publiquen en tiempo real datos de emergencias, recursos movilizados y gastos asociados. Crear observatorios locales de seguimiento de fondos públicos, con informes abiertos y auditables. Integrar a asociaciones vecinales y grupos ciudadanos en la elaboración y supervisión de planes contra incendios, inundaciones y apagones.
Podemos exigir calendarios claros de ejecución de infraestructuras y sanciones políticas si no se cumplen.
Incluir en programas escolares y comunitarios formación en responsabilidad pública, prevención de riesgos y participación política activa.
Utilizar plataformas y redes para coordinar campañas, concentraciones y recogida de firmas que generen presión real sobre los responsables de forma sistemática y cotidiana.
Podemos mantener un registro ciudadano de negligencias y promesas incumplidas, para que no desaparezcan en el efímero ciclo mediático.
Transparencia obligatoria, fiscalización ciudadana, participación en planes de prevención, control de plazos y compromisos, educación cívica, movilización organizada, memoria pública…
La indignación debe convertirse en organización, y la organización en resultados. Los ciudadanos tenemos que cuidar y mantener limpios nuestros cortafuegos, porque la política es una responsabilidad compartida.
España no puede resignarse a arder cada verano, inundarse cada otoño y colapsar cada invierno. La disfunción no es un fenómeno natural: es el resultado de decisiones humanas, de prioridades mal fijadas y de responsabilidades que no se asumen.
Si no cambiamos eso, no habrá prevención, inversión ni política que nos salve.
La casa común está en riesgo porque aquellos a quienes les hemos encargado su gestión no cumplen con su deber. Como estamos viendo en multitud de pueblos de nuestro país, sólo la acción coordinada de los ciudadanos podrá impedir que esta casa quede reducida a cenizas.
Porque lo que nos diferencia hoy de otros países europeos no es el clima ni la geografía: es la falta de controles, de transparencia y de responsabilidad, que aquí hemos tolerado demasiado tiempo.
