¿Por qué el Gobierno oculta con secretismo los nombres de sus asesores?

Rueda de prensa tras un Consejo de Ministros. Europa Press

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó el primer listado de personal eventual en la Administración General del Estado (AGE). Fue la última vez.

Gracias a varias solicitudes de información, y pese a la oposición tanto del PP como del PSOE, Civio pudo actualizar en los años siguientes la lista (parcial) de asesores en ministerios y secretarías de Estado.

A finales de 2019, el Tribunal Supremo obligó al Tribunal de Cuentas, tras el recurso de Civio, a identificar a todo su personal eventual, también quienes ocupaban puestos inferiores, estableciendo la regla desde entonces.

Pero con Óscar López hemos topado. Así que Civio acaba de anunciar que lleva ante la Audiencia Nacional al Gobierno de España por ocultar el nombre de sus asesores.

Les recomiendo darse un garbeo por su web para conocer en detalle los incumplimientos, triquiñuelas y excusas peregrinas que desde el Gobierno llevan dando para no proporcionarles esa información, a pesar de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de julio de 2024 que obligaba a la Dirección General de Función Pública a facilitar a Civio la lista de asesores que trabajaron en los ministerios entre 2020 y 2023.

Y es que el Gobierno no sólo ha ignorado esa obligación durante meses, sino que la Dirección General de Función Pública, que tiene los datos, se inventó un nuevo proceso para pasar la pelota a los ministerios.

Es el nuevo patrón de actuación el verano pasado respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, para deshacerse así de una obligación que es enteramente suya.

A España Mejor también nos han ido rebotando, por ejemplo, nuestras peticiones de información sobre publicidad institucional. Puede que sea, entre otros motivos, porque en el Código Ético de Gobierno que promovemos hemos establecido no sólo un número limitado de asesores, sino la obligación de publicar sus puestos y su idoneidad para el mismo.

Yolanda Díaz y Teresa Rivera en el Congreso de los Diputados.

Así se hace en numerosos países de nuestro entorno, incluso en la Italia de Meloni. Aquí no sólo no lo cumple el Gobierno central, sino tampoco la mayoría de las comunidades y ayuntamientos.

¿Qué pasó entonces en el verano de 2024? Recuerden la ajetreada salida del ministro Escrivá (sí, el mismo que pocos meses antes anunciaba un nuevo revolucionario modelo de función pública para 2025), directo a gobernar el Banco de España, y el aterrizaje del ministro Óscar López, que de Transformación Digital y Función Pública sabe un rato.

Cuando la pelota llegó a los veintidós ministerios, pues como los pimientos de Padrón.

Interior y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes (con los asesores y asesoras del presidente del Gobierno) no han contestado.

Industria y Turismo y (esto es fascinante) Transformación Digital y Función Pública se niegan a responder.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da una lista de cargos, pero sin nombres.

Ciencia, Innovación y Universidades sólo entrega la lista del personal eventual que trabaja ahora mismo en el Ministerio.

Otros doce ministerios dan una lista parcial.

Sólo tres ministerios (Agricultura, Pesca y Alimentación; Igualdad; Transportes y Movilidad Sostenible; y Vivienda y Agenda Urbana) aportan toda la información.

No es la primera vez que un gobierno ignora al Consejo de Transparencia, es verdad, y eso lo sabemos bien quienes llevamos años pidiendo que tenga capacidad sancionadora relevante.

Pero sí es la primera vez que la sociedad civil, los ciudadanos, los titulares del derecho de acceso a la información, vamos a llevar un incumplimiento de este tipo a los tribunales: un recurso ante la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional por inactividad de la administración.

Esto es, por incumplir esa resolución.

La petición al juez es sencilla. Que se cumpla lo que dictamina el Consejo de Transparencia. Es decir, que se entregue una lista centralizada de todo el personal eventual, “sin más excusas ni dilaciones”.

El engañosamente llamado “personal eventual” es el oneroso y único punto ciego que queda en el acceso a la función pública.

Se trata de asesores nombrados a dedo, con escasa o ninguna transparencia, sin requisitos previos de cualificación, sin obligaciones de rendición de cuentas ni de acreditación de mérito y capacidad, que pueblan las tres administraciones que existen en nuestro país.

Y se acomodan así, sin rebozo, como “empleados públicos”, sin que desde ningún punto de vista puedan ser considerados como tales, salvo por lo públicos que son los fondos que (sin filtro ni justificación) se dedican a su mantenimiento.

El personal eventual (los asesores) no responden a estructura jerárquica funcionarial alguna, ni están sometidos a las exigencias propias del desempeño del mismo. Su designación es puramente política, en razón de la asumida necesidad de “personal de confianza” para los cargos políticos de la administración local, autonómica o nacional.

Como si la confianza del Estado (de todos nosotros) no estuviera depositada en nuestros funcionarios, también por algo llamados servidores públicos.

Desde luego que los cargos políticos pueden y deben tener asesores de confianza que realicen el trabajo político que se les requiera. De hecho, es imprescindible y necesario. Para eso existen las dotaciones de los parlamentos y gobiernos correspondientes, para hacer las contrataciones debidas, los procesos de selección técnica adecuados, las evaluaciones de desempeño periódicas y, por supuesto, la absoluta transparencia sobre quiénes son esos asesores.

Puedo hablar por mí misma. Tuve un equipo magnífico en el Parlamento Europeo, seleccionado y evaluado rigurosamente, con sus datos disponibles en la web de la Eurocámara.

Pero es de primero de transparencia saber quiénes son los asesores que trabajan en los ministerios. Esos que habitan en un insoportable oasis de opacidad.

¿Imaginan a un juez obligando al Gobierno de España a publicar la lista de sus asesores?

¿Por qué tanto secretismo?

¿Realmente es tan negro e inasumible lo que se oculta ahí?

Yo diría que no es pedir secretos de Estado.

¿O sí?