…pero España no aprende de Francia. Me explico. El modelo de inmersión lingüística de algunas regiones españolas ha generado, está generando, discriminación entre los ciudadanos y reforzamiento del nacionalismo periférico.

En Francia conocen los efectos de la deriva disolvente del uso y obligatoriedad de la lengua regional en detrimento del idioma común. El artículo 2 de la Constitución de la V República establece que “la lengua de la República es el francés” y por ello el Tribunal Constitucional (allí denominado Consejo) ha rechazado parcialmente la ley de protección de lenguas minoritarias que la Asamblea Nacional aprobó en el pasado mes de abril.

Sesenta diputados franceses, miembros de la mayoría parlamentaria, recurrieron al Tribunal Constitucional, pues entendían que la referida ley era anticonstitucional. El Tribunal disponía de un mes para pronunciarse y ha resuelto en dos semanas el recurso.

Comparadas con las leyes de inmersión lingüística españolas, la ley francesa se limitaba a la enseñanza de la lengua regional en la educación primaria, no en la universitaria. Se trataba ciertamente de una ley moderada, muy alejada de la agresividad, imposición y totalitarismo lingüístico que padecemos en Cataluña y en las provincias vascas.

Parte de la opinión pública francesa ha aprendido de España los riesgos de iniciar el camino de la normalización de las lenguas regionales. Comienzan como protección y terminan como obligación.

Recuerdo en el año 1970 pintadas en las paredes de pueblos de Cataluña con el texto català a l’escola. A muchos la protección y promoción de la lengua vasca o catalana nos parecía una reivindicación razonable y no tardó en plasmarse en nuestro artículo 3 de la Constitución española de 1978. Lo que los constituyentes no imaginaron ni previeron fue que la protección de la lengua regional se iba a convertir en un instrumento de discriminación y opresión con una nueva consigna: “El español fuera de la escuela”. Y hasta de la universidad y de la administración pública.

Por lo que se ve, los diputados franceses han aprendido y han tomado buena nota del delirio lingüístico regionalista en el que hemos caído en España, donde se multa por rotular una tienda en idioma español y se procede a la inmersión obligatoria vehicular de los estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria.

Francia tiene a su favor una redacción inequívoca de protección del francés en su Constitución. Además, a los diputados miembros de la mayoría parlamentaria no les duelen prendas en recurrir una ley promovida y votada por el Ejecutivo (algo impensable en España). Y por si fuera poco, el Tribunal Constitucional, disponiendo de un mes de plazo, resuelve en dos semanas la constitucionalidad de una ley. En España hay recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (como la ley del aborto socialista) que llevan más de diez años en el sueño de los justos.

La reacción en el País Vasco español no se ha hecho esperar y el lehendakari Urkullu ha declarado que la decisión del Consejo Constitucional francés de vetar la inmersión lingüística en la enseñanza (lo que afecta a la labor educativa en los Pirineos Atlánticos) supone “un duro golpe para la normalización y recuperación del uso del euskera en Iparralde”.

Más belicosa ha sido la reacción del nacionalista vasco de Bayona, Jean-René Echegaray, que ha manifestado que el veto del tribunal a la inmersión lingüística vasca es “una declaración de guerra”.

Por lo que se ve, Francia pone límites a la agresión contra la lengua común y el Tribunal Constitucional demuestra eficacia e independencia. En España no tenemos ni la resolución judicial constitucional ni la voluntad política de defender los derechos de los españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia.