Lo inquietante del nuevo Código Penal que Sánchez se ha sacado de la manga no es que no estuviera en su programa electoral ni en los acuerdos del pacto de gobierno con Iglesias. Tampoco la rebaja de la condena que significará para Junqueras y sus socios de sedición. Es el acicate que supone, para quienes tengan la tentación de rebelarse, saber que a la próxima les saldrá más barato... si acaso les vuelve a salir mal.  

En otras circunstancias quizás la reforma fuera inocua, pero cuando el jefe de la banda declara a los cuatro vientos desde la cárcel que se han ganado "el derecho a volverlo a intentar", parece una temeridad.

En resumidas cuentas, se diría que la medida del Gobierno es un premio, o al menos da facilidades a otra declaración de independencia en Cataluña o en cualquier otro rincón del país.

Los argumentos para forjar esa nueva legalidad, por más que los repitan el presidente y sus ministros, resultan poco convincentes. Primero fue Sánchez el que dijo que la crisis catalana "ha mostrado" que no tenemos "delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos".

Porfió al día siguiente en esa idea la ministra portavoz María Jesús Montero, que además intentó diluir el alcance de la medida mezclándola con innovaciones que afectarán a los artículos dedicados a los delitos contra la mujer, contra el medioambiente y el consentimiento de las relaciones sexuales. ¡Nos ha jodido mayo! ¡En estos casos para endurecer las penas, no para rebajarlas!

La jugada la remataba este miércoles Carmen Calvo al asegurar que algunos de nuestros tipos penales "no están a la altura de Europa". Más aún: que nuestros vecinos nos envían "un mensaje" para que cambiemos. 

Tales críticas podrían llevar a la creencia de que existe algo parecido a un Código Penal único en Europa o al menos cierta homogeneidad legislativa, cuando lo cierto y verdad es que hay veintiocho códigos distintos, tantos como países componen la Unión, porque cada uno recoge su propia tradición jurídica.

Quiérese decir que lo que resuelva el Tribunal de Schleswig-Holstein es muy válido, validísimo para Schleswig-Holstein, pero tiene el mismo ascendiente sobre un juez de Cracovia que sobre otro de Marsella: cero patatero.

Ahora bien, que la vicepresidenta del Gobierno añada que algunos de los delitos contemplados en el Código Penal español fueron diseñados antes del período democrático causa vergüenza ajena. Primero porque ese torpedo busca, como la milonga de que Europa nos regaña, desacreditar nuestra democracia; y lo hace, por cierto, en la misma línea de quienes se han propuesto abiertamente destruir el Estado. Pero sobre todo porque falta a la verdad.  

Resulta que fue un gobierno socialista presidido por Felipe González el que aprobó hace veinticinco años el conocido como Código Penal de la Democracia, "el único que se ha votado artículo por artículo y sin ningún voto en contra", como gusta repetir a su impulsor, Juan Alberto Belloch. Desde entonces ha sufrido decenas de modificaciones para actualizarlo a los nuevos tiempos. Eso sí, la novedad del que promete Sánchez es que ninguna de ellas estaba teledirigida desde una prisión.