Europa no es un Estado. Cataluña es una región española. España es una nación soberana que ha firmado, junto con otras, un tratado (el tratado de la UE) que lo que hace, lejos de negarla, es confirmar esa acción soberana. España, como cualquiera de los países miembros de la Unión (y como cualquier país que firme cualquier tratado), no deja de ser soberana por pertenecer a la UE. Y es que toda soberanía en su ámbito interno es absoluta -es leviatán-, esto es, no depende en su acción de ningún otro poder, ni interior ni exterior. Es decisión de España, como poder soberano, el que en su interior rijan determinadas normas pactadas en ese tratado de unión, de tal modo que es siempre decisión de cada uno de los estados miembros, en función de ese poder soberano absoluto, admitir o no cualquier normativa derivada del propio tratado. En este sentido, un tribunal “europeo”, como un parlamento, como una comisión, etc, son órganos representativos de un tratado, no de un estado, y sus determinaciones solo tienen validez, en cada uno de los estados, siempre que estos decidan seguir en el acuerdo. Las decisiones son siempre, y continuamente, de los estados como sujetos soberanos (el tratado no tiene capacidad de decisión soberana). Si un estado entiende que mantenerse en el tratado perjudica sus derechos de acción soberana, tiene perfecto derecho a salir de él (como ahora va a hacer Reino Unido), sin que ello menoscabe los derechos de nadie.
Oriol Junqueras, con otros dirigentes de partidos separatistas, ha intentado subvertir el orden constitucional de España buscando que una parte regional actúe como si fuera un todo soberano, lo que significa romper la unidad nacional, y liquidar la soberanía española en determinado ámbito regional suyo (Cataluña). La soberanía rige absolutamente en todas las partes del territorio nacional sin excepciones, y Cataluña, como Murcia o Ceuta, lo es, es parte de ese territorio, y nunca es decisión de la parte, ni puede serlo, determinar al todo (quien gobierna hoy en día en Cataluña, como en el resto de España, es Pedro Sánchez). Los tribunales españoles han tomado la decisión en su momento, atendiendo al ordenamiento jurídico por el que nos regimos todos los españoles, de encarcelar a Junqueras como responsable de ese intento de subversión del orden constitucional. Sería un verdadero suicidio para España si un delito de estas características, que atenta contra la propia esencia del estado -su soberanía-, no fuera castigado con la pena correspondiente, de igual manera que sería otro suicidio para España el que un tribunal europeo (cuya vigencia proviene de un tratado) tuviera la capacidad de suspender la aplicación de dicha pena. Si España admite esta resolución entonces es que dejaría de actuar como nación soberana (produciéndose la paradoja, a su vez, de que ni siquiera tendría responsabilidad en el tratado porque España como estado se habría convertido, sencillamente, en una quimera).
Pero existen dos corrientes ideológicas que dan fuerza en España a esta resolución, a la resolución de ese “tribunal europeo”, y que están operando, desde hace mucho tiempo, como corrientes ideológicas disolventes para España. Por un lado, la ilusión europeísta, que concibe la realidad geopolítica como si Europa -la UE- fuera ya de hecho un estado soberano, cosa que no es. No hay tal “unión” (en el sentido de unión política). Por otro lado, la ilusión autonomista, por la que se concibe a las regiones españolas como su fueran unidades autónomas que se rigen bajo normas propias estatutarias (como si no dependiera de la soberanía nacional española). No hay tal “autonomía”. Estas dos corrientes, basadas en dos mentiras, la mentira de la “unión” de Europa (por la que se simula que los todos nacionales son partes regionales de un todo europeo, cuando no es así), y la mentira “autonómica” (que simula que las partes regionales de España son todos nacionales en sí mismos), van minando, van erosionando en el seno de la propia España, la capacidad de acción soberana española vulnerando, ahora sí, nuestros derechos políticos como españoles.
En definitiva, admitir, y esta asunción sigue siendo decisión de España como nación soberana, la resolución tomada por ese tribunal de Luxemburgo, sería admitir nuestro suicidio como sociedad política. Sería nuestra última decisión soberana, la de pegarnos un tiro en la sien, sabiendo que la responsabilidad es íntegramente nuestra, de los españoles, y de nadie más. Un suicidio, en efecto.
La otra posibilidad estaría en no admitir tal resolución, si queremos nuestra persistencia como sociedad política soberana, y ello pasaría, en último término, por un Spexit.
