De pronto se enteran de que una entidad multisubvencionada como Plataforma per la Llengua, se infiltra en las escuelas catalanas para conocer de primera mano el uso que se hace de esta lengua en los recreos (porque en horario lectivo ya se sabe: el porcentaje es del 100%). Y arde Troya y Roma al tiempo. Que si espionaje en el recreo, que si la Stasi, la KGB y los Jemeres Rojos. Que si parece mentira que se estén gastando este dinero en controlar en qué lengua hablan los niños en lugar de dedicarlo a cosas más necesarias. Que si es indecente la cantidad de dinero que se lleva esa plataforma y el resto de hermanos mártires. Sorpresa, indignación, artículos de opinión, incendio en las redes, horas de tertulia, y ya.

Ni idea en el resto de España de que lo que fuera parece inconcebible y singularmente grave, no lo es en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en todos los territorios en los que por ley se proscribe la lengua común -la que existe “obligación de conocer y el derecho a usar”-. Y no porque tengan razón sino porque a las imposiciones, a la anormalidad constitucional, a la arbitrariedad y al sectarismo, uno se acaba acostumbrando (recuerden, el régimen de Franco acabó cuando éste murió en la cama).

Hurtándole -por una vez- el protagonismo a Cataluña, les diré que en Baleares, una socialista, Francina Armengol -que no necesitaba esta vez los votos de los soberanistas para ser investida presidenta-, ha regalado una macro secretaría autonómica y una dirección insular de Política Lingüística a ERC -sí, como buena colonia de ultramar, contamos con una filial del partido catalán-. Por no hablar de otros cargos menores -y otros no tanto, en la Consejería de Educación- y algunos más en el Ayuntamiento de Palma. Y por supuesto, la presidenta socialista -que se define a sí misma como una catalana de Mallorca-, una legislatura más, mantiene la promoción -llamémosle por su nombre, imposición- del catalán como uno de los ejes de su gobierno, a la altura, por ejemplo, del acceso a la vivienda.

No le molesta ni le llama la atención, que los dos titulares de los cargos aludidos y alguno más como la vicepresidenta del Consell de Mallorca sean abiertamente separatistas y que, como el resto de sus compañeros de partido, prometan su cargo “por imperativo legal y sin renunciar al derecho de autodeterminación” o que, en concreto, el director insular de Política Lingüística llame terroristas a los de Ciudadanos e imbéciles a los españoles -entre los que, a su pesar, él se cuenta-. Porque no es importante, porque es lo corriente, porque si hay algo que está normalizado aquí es la anormalidad.

De hecho, les hablo de cuestiones que en Baleares no dejan de ser anécdotas que inflaman, como mucho, a los lectores del único periódico que las cuenta, o a los oyentes de la única emisora que las recoge. Pero poco más.

Cuando se menciona a los chiringuitos nacidos y mantenidos a partir de determinadas leyes, olvidamos que la lengua catalana -llamada propia por oposición al español, lengua invasora- hace décadas que por lo mismo, constituye en Baleares, un sector “productivo”. Que de él dependen muchísimas nóminas. Que la “normalización lingüística” iniciada a finales de los años 80 -y que más de treinta y cinco años después no se da por concluida, ni se dará jamás-, ha servido y sirve para justificar subvenciones a entidades, empresas e individuos, sin más que hacer referencia al mandato de promocionar la “lengua propia” que aparece en el Estatuto de Autonomía. O como ocurre con Òmnium Cultural en Cataluña, implica mantener una organización -la Obra Cultural Balear- abiertamente soberanista, que se erige en algo parecido a una administración paralela, que debemos sostener vía presupuestos, pero que sólo sirve a los intereses de los separatistas.

Y vuelvo a la historia del espionaje de los niños en el patio. No me parece raro, malo sí, pero no raro. No es de hecho más que una de las acciones que prevé -en el caso balear- la “Propuesta de Actuaciones en materia de Política Lingüística para el quinquenio 2016-2021” o el “Plan de Normalización Lingüística” que le precedió.

Se trata de que si existe un problema -los niños insisten, pertinaces ellos, en hablar en castellano en el recreo-, las entidades y organismos públicos que se requieran tienen que evaluar el problema y ponerle solución.

Para eso se necesita una entidad que lleve a cabo el estudio, se le pague por ello con la alegría que da hacerlo con dinero ajeno, que con ello se la mantenga y que los resultados justifiquen que el proceso de normalización lingüística nunca tenga fin.

¿Que para ello se conculcan unos cuantos derechos, tanto de los niños como de los padres e incluso de los docentes? ¿Que hay necesidades mucho más perentorias -y mucho más reales- que cubrir? Ninguna argumentación les vale porque trabajan en un plano distinto.

Se trata de cumplir el Plan y de alimentar a los que dependen de él. Lo demás, como en cualquier régimen autoritario, no importa.